Dos mil kilómetros separan Bruselas de Jerusalén y hay 4.000 más entre la ciudad santa y Rangún, la capital histórica de Birmania, pero tanto los europeos como los palestinos e israelíes y los birmanos han sentido este año la necesidad de fijar un rumbo nuevo.
Los primeros tenían que renovarse o morir: la UE con 27 miembros no podía funcionar con las instituciones pensadas para 15; los segundos, condenados a fijar las condiciones de su convivencia, emprendieron una nueva marcha hacia la paz, conducidos por el presidente estadounidense; en cuanto a Birmania, demostró al planeta que había en su país una oposición pacífica capaz de exigir al régimen militar una apertura política.
Los políticos europeos salvan la Europa política
Este año ha sido una doble prueba de fuego para la Unión Europea. Primero por la entrada, el 1 de enero, de Bulgaria y Rumanía, la ampliación más temida por los países inquietos por la inmigración.
La demostración más espectacular de esos recelos fue la aprobación, por parte del Gobierno italiano de Romano Prodi, de un decreto que permitía la expulsión de ciudadanos de la UE considerados "peligrosos". Tras constatar que la norma sólo afectaba a los rumanos, la avalancha de críticas forzó a Roma a dar marcha atrás.
La UE llevaba además un año sin rumbo político. El rechazo de su Constitución por sendos referendos en Francia y Holanda en 2005 dejaba a los europeos con unas instituciones poco eficientes e incluso inviables en una unión más amplia.
Después de un año inútil para la reforma de las instituciones, los dirigentes europeos acordaron adoptar un nuevo tratado. Lo llamaron mini tratado o tratado simplificado, pero lo cierto es que el texto final es sobre todo más largo y más oscuro, pero, al menos en teoría, más fácil de ratificar.
Los 27 países participaron en su elaboración -cada uno con sus buenas intenciones y sus egoísmos nacionales-. Pero quienes centraron la atención de los observadores fueron los últimos representantes del tradicional tándem franco alemán: la canciller alemana, Angela Merkel, como presidenta de las primeras negociaciones, y Nicolas Sarkozy, el presidente recién electo del país considerado el máximo responsable del fracaso de la Constitución.
En sentido contrario, los hermanos Kaczynski, representantes de Polonia, fueron los más criticados por su obstucción y su defensa radical del statu quo.
Después de un pulso de última hora con el primer ministro italiano, Romano Prodi, y con el presidente polaco, Lech Kaczynski, los jefes de Estado o gobierno de la UE llegaron el 19 de octubre en Lisboa a un acuerdo sobre el texto definitivo.
El Tratado de Lisboa salva las principales reformas institucionales pero abandona sus emblemas. Para conseguir el acuerdo de Polonia, también fue necesario aplazar la aplicación del nuevo reparto de votos.
Una de las consecuencias de los fallidos referendos en Francia y Holanda ha sido un tratado negociado a espaldas de la ciudadanía. De momento, ningún país ha decidido pasar por la vía referendaria. Sólo Irlanda está obligada por su Constitución a celebrar una consulta.
Si se cumple el calendario previsto, el Tratado de Lisboa entrará en vigor a principios de 2009, es decir, con casi tres años de retraso respecto a la fecha en la que tenía que haberse aplicado la Constitución.
El año 2009 marca ya un plazo improrrogable para las reformas, porque la UE tiene que renovar sus instituciones con la elección en junio de un nuevo Parlamento Europeo y la instalación en octubre de una nueva Comisión ejecutiva en Bruselas.
Oriente Próximo vuelve al camino de la paz
Israelíes y palestinos vieron este año al presidente de un país extranjero, el estadounidense George W. Bush, fijar en su agenda la fecha de caducidad de sus negociaciones, que coincide con la retirada del inquilino de la Casa Blanca: 2008, ó, por lo menos, antes de enero de 2009.
Pero la repentina implicación de Bush en el conflicto de Oriente Próximo a finales de 2007 se produce en un contexto muy peculiar: por primera vez, una casi guerra civil se superpone a la división geográfica de Gaza y Cisjordania.
El pasado agosto, durante tan sólo una semana, más de un centenar de personas murieron en enfrentamientos armados que acabaron con la victoria de Hamás y la expulsión de Gaza de los seguidores de Al Fatah, el partido del presidente Mahmud Abás.
Los islamistas, ganadores de las elecciones legislativas de 2006, justificaron su rebelión -un "golpe de Estado", para Al Fatah- por la tortura que practicaban las fuerzas de seguridad de la ANP. Abás abandonó sus relaciones con el Gobierno que lideraba Ismail Haniyeh.
Este frente interior ha contribuido a debilitar aún más a los palestinos en sus negociaciones con los israelíes: cuando Abás negocia con Olmert, sólo tiene el respaldo, como mucho, de la mitad de sus ciudadanos. Los partidarios de Hamás consideran las negociaciones como una derrota de la Autoridad Nacional Palestina.
No obstante, los más optimistas consideran que esta división entre moderados y radicales ha sido la única forma para convencer al gabinete conservador de Ehud Olmert de la posibilidad de entablar conversaciones.
La comunidad internacional recibió con bastante escepticismo la cumbre querida por Bush: desde su creación en 1948, el Estado de Israel no ha podido acabar con las agresiones exteriores, vinieran de los Ejércitos de los países vecinos o de los grupos terroristas palestinos. Por su parte, los palestinos nunca obtuvieron la plena aplicación de la resolución 242 que desde hace 40 años exige que Israel abandone los territorios ocupados.
También es cierto que en la cumbre de Annapolis se evitó abordar los problemas más difíciles -el retorno de los palestinos exiliados, las fronteras y el estatuto de Jerusalén-. Pero además de la declaración de buena voluntad de los dos líderes, el respaldo de la comunidad internacional al gobierno de Abás, medible en millones de dólares, puede ser una garantía para que nazca un Estado palestino. La gran duda, que condicionará tanto las condiciones de vida de los palestinos como la seguridad de Israel, estará en la viabilidad del país, en su capacidad para alimentar a millones de ciudadanos y rebajar sus frustraciones.
El 2008 de Oriente Próximo dependerá de la generosidad de Israel, la parte fuerte, de la destreza del árbitro americano y de la capacidad de la sociedad palestina para obligar a sus políticos a unirse y recobrar parte de sus fuerzas.
El mundo descubre a los demócratas de Birmania
En 2007 los opositores al régimen militar de Birmania consiguieron lo que no habían logrado en 45 años bajo el autoritarismo de las sucesivas juntas: transmitieron al mundo su versión de la rebelión. El movimiento consiguió salir en las pantallas de todo occidente bajo el nombre de Revolución Azafrán. En las de los televisores, y las de los ordenadores.
El movimiento empezó con reivindicaciones socioeconómicas: en agosto, varios sectores se rebelaron contra el aumento de los precios de productos básicos. Los monjes budistas protestaron contra el alza del precio del carburante. La represión de las manifestaciones fue la que transformó la protesta en un movimiento político, liderado por los bonzos y la oposición agrupada alrededor de la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.
Desde entonces, la Revolución fue una batalla por la comunicación. Los disidentes no pueden contar con medios independientes en su país, donde además el acceso de los periodistas extranjeros está muy restringido. Pero estaban convencidos, por la experiencia fallida de 1988, de la necesidad de mandar su mensaje al mundo. Y en 2007, contaban con unas herramientas nuevas: la Revolución pasó por los blogs.
El régimen no tardó en reaccionar. Un departamento especial del Ministerio de Defensa se adaptó al nuevo canal con el método de siempre: sabotaje. No obstante, las noticias siguieron llegando, gracias a la colaboración de la diáspora birmana. Muchos de los blogs birmanos que reproducían las fotos y comentaban la actualidad pertenecían a ciudadanos que habían huido de Myanmar -el nombre oficial que la Junta impuso al país-.
Recibían las noticias de sus familiares o amigos de Birmania por correo postal o electrónico, por teléfono o por cualquier canal que pudiera librase de la censura oficial. Luego, desde sus casas de Londres, Nueva York u Oslo, traducían y publicaban la información.
Aunque aún no está claro cuál será el impacto de su acción, la comunidad internacional no podía quedarse con los brazos cruzados. El propio régimen militar reconoció poco a poco parte de la brutalidad de su represión: en su último balance, hablaba de 3.000 detenciones y 10 muertos.
Aparte de las declaraciones de condena, y de las manifestaciones de solidaridad a través del mundo -hubo marchas en una decena de localidades españolas-, la ONU fue la organización más activa. Su enviado especial, Ibrahim Gambari, llegó a reunirse con Suu Kyi en Rangún, la ciudad más importante del país.
Con todo, las últimas señales no son optimistas. Gambari aseguró el 18 de diciembre que está "muy preocupado": el diálogo con la oposición anunciado por el Gobierno no se concreta y tampoco han sido liberados todos los presos políticos.
Para los birmanos, 2008 será la ocasión de verificar la implicación de la comunidad internacional, tímida ante el potente vecino chino que frena las presiones que pudiera imponer la ONU. La Revolución Azafrán podrá fracasar, pero esta vez también será el naufrago de los democratas extranjeros, que no podrán decir que desconocían el afán de libertad del pueblo birmano.
