El 30 de diciembre de 2006, una bomba de ETA en la terminal 4 del madrileño aeropuerto de Barajas asesinaba a dos ciudadanos ecuatorianos. Con este atentado, la banda ponía fin a un "alto el fuego permanente" declarado nueve meses antes y marcaba un crispado año 2007.

"He ordenado suspender todas las iniciativas para desarrollar el diálogo con ETA", afirmó horas después de la explosión el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

A partir de este momento, la labor de las Fuerzas de Seguridad a ambos lados de los Pirineos se intensificó y se combinó con una intensa actividad judicial contra ETA y su entorno.

Buenos ejemplos de ello se produjeron el 19 de enero, cuando el Tribunal Supremo estimó que Jarrai, Haika y Segi eran organizaciones terroristas, o el 5 de octubre, cuando la policía detuvo a la cúpula de Batasuna.

Mientras, el tono del debate político se caldeaba a cuenta de la banda y alcanzó su temperatura máxima el 1 de marzo, cuando el terrorista José Ignacio de Juana Chaos obtuvo el segundo grado penitenciario para evitar su muerte como consecuencia de una polémica huelga de hambre.

"Por una razón de justicia, por una razón de equidad, el señor De Juana Chaos tiene que cumplir íntegramente la sentencia y la pena", apelaba Rajoy, mientras el secretario general del PP, Ángel Acebes, afirmaba que "Zapatero pasará a la historia como el presidente que sometió al Estado de Derecho al chantaje del asesino de 25 personas".

Aunque la violencia callejera no desapareció nunca, los etarras no dieron el paso de dar por finalizado el "alto el fuego" hasta la medianoche del 6 de junio.

Los asesinos intentaron en varias ocasiones volver matar, algo que estuvieron a punto de lograr el 9 de octubre, con la colocación de una bomba lapa en el vehículo del escolta de un concejal socialista en Bilbao.

Aunque en esa ocasión no lograron su propósito, ETA volvió a matar el pasado 1 de diciembre en la localidad francesa de Capbreton. Dos guardias civiles morían tiroteados por al menos tres terroristas.

Un ejemplo para el mundo

El 15 de febrero, mientras los políticos se enzarzaban en un uso electoralista del terrorismo etarra, la justicia española daba una lección al mundo celebrando un juicio sin precedentes contra el extremismo islamista: el de los atentados del 11 de marzo de 2004.

29 procesados se sentaron en el banquillo por la matanza de 191 personas. El proceso, que ratificó los más de 100.000 folios del sumario, se desarrolló bajo la sombra de una teoría de la conspiración que cuestionaba sin escrúpulos la investigación oficial y a los pilares del Estado.

El tribunal condenó el 31 de octubre a más de 35.000 años de prisión a los autores materiales del atentado y al colaborador necesario, el ex minero asturiano José Emilio Suárez Trashorras. Mientras, el hasta entonces considerado cerebro de la trama, Rabei Osman El Egipcio, y otros siete acusados (entre ellos el cuñado y la mujer de Suárez Trashorras), fueron absueltos. El veredicto dejó con un sabor agridulce a muchas de las víctimas.

"Teníamos esperanza, pero nos han estado engañando y han tenido mucho miramiento con los terroristas", opinó Carmen Aguado, madre de una víctima mortal.

Memoria histórica

En el último tramo de la legislatura, el Gobierno logró sacar adelante uno de sus compromisos políticos más costosos y polémicos, la Ley de Memoria Histórica, cuya tramitación exigió muchos meses de complicadas negociaciones en las que quedó en evidencia la ruptura del apoyo parlamentario de ERC al PSOE.

Aunque no era una promesa electoral, sí se trataba de una apuesta formalizada por el jefe del Ejecutivo en su discurso de investidura, para reparar a las víctimas del franquismo, y el PSOE no podía acabar la legislatura sin asumirlo.

El proyecto de la "Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura", que tal fue su denominación, fue aprobado en julio de 2006, pero hasta más de un año después no tuvo posibilidades de viabilidad en el Congreso.

En ese tiempo, la iniciativa tuvo que aguantar encerrada en un cajón de la Cámara Baja, a la espera de que el PSOE consiguiera una mayoría suficiente para que viera la luz. Desde el primer momento el PP había rechazado el proyecto por considerar que sólo servía para reabrir las viejas heridas de la Guerra Civil cerradas durante la Transición.

CiU nunca tuvo mucho interés en él porque entendía que no hacía falta una ley para aplicar la reparación de víctimas que pretendía. Aunque el Gobierno había tenido en cuenta la opinión de las asociaciones que piden el reconocimiento de la Memoria Histórica, muchas de sus disposiciones no convencían a las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE, como ERC o IU-ICV, que al igual que el PP habían firmado enmiendas de totalidad, si bien por distinto motivo.

El principal escollo para ERC e IU-ICV: la anulación de los juicios sumarísimos de la Guerra Civil y la posguerra. Un avance importante se consiguió en abril, gracias a una fórmula aceptada por IU-ICV y que consiste en no anular estos procesos, sino en declarar su "ilegitimidad", a fin de abrir la puerta a la posterior anulación de las condenas por parte de los tribunales.

Una vez excluido ERC del acuerdo, ya que esta fuerza consideró irrenunciable la anulación, los socialistas siguieron centrando sus esfuerzos en el otro grupo, pero buscando a la vez la aquiescencia de CiU y el PNV para los posibles cambios a fin de completar la mayoría necesaria para aprobar la ley.

No fue hasta después de verano, ya en octubre, cuando el intenso intercambio de enmiendas culminó exitosamente, hasta conseguir un pacto in extremis con todos los grupos, salvo el popular y el de ERC, cuando los plazos reglamentarios apremiaban.

Además de condenar el régimen de Franco, se cerraron otros cambios, como la ampliación de la posibilidad de adquirir la nacionalidad española a los descendientes de exiliados, el reconocimiento de los "maquis" y la UMD, o la mención de las creencias religiosas, exigida por CiU, como motivo de represión.

También fue consensuada la retirada de símbolos franquistas, no sólo de recintos oficiales, sino también de iglesias y monasterios, aunque CiU logró una excepción para que se respetaran aquellos elementos con valor religioso.

En el Valle de los Caídos, donde está enterrado Francisco Franco, no se podrán celebrar actos políticos o de exaltación de la guerra, una medida para su despolitización que hasta el PP apoyó.

Una vez aprobada por el Congreso, la ley superó sin cambios el trámite del Senado, donde perdió el interés político que la había acompañado, hasta el punto de que ningún miembro del Gobierno estuvo presente en el pleno del pasado lunes, que dio luz verde a su publicación en el BOE.