El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la Ley de Calidad del Aire, que entre sus disposiciones obliga al Gobierno a elaborar una normativa de movilidad sostenible, de manera que incluya la obligación de poner en marcha planes de transporte de empresa para reducir la utilización del automóvil por parte de los trabajadores. Eso sí: no da fecha para esa obligación.

La disposición adicional séptima de la Ley, que entra en vigor mañana junto con la segunda, establece que el Gobierno, en desarrollo de las medidas urgentes a adoptar contra el cambio climático, elaborará una ley de movilidad sostenible.

Esa futura ley deberá recoger la obligación de la puesta en marcha de planes de transporte de empresa que, además de reducir el uso del coche en el transporte de sus trabajadores, fomentarán otros medios menos contaminantes. Los planes, además, deberán contribuir a reducir el número y el impacto de los desplazamientos de los trabajadores.

Más impuesto para los coches más contaminantes

El resto de la Ley de Calidad del Aire, que, entre otros aspectos, modifica el impuesto de matriculación de los vehículos para que paguen en función de sus emisiones de dióxido de carbono, principal responsable del cambio climático, entrará en vigor el 1 de enero del próximo año.

Así, los vehículos que no superen los 120 gramos por kilómetro (g/km) no abonarán impuesto de matriculación, ni en la Península, ni en las Islas Baleares ni en Canarias.

Sin embargo, los que rebasen los 120 g/km pero estén por debajo de 160 g/km -excepto los quad-, pagarán el 4,75% en la Península y Baleares (el 3,75% en Canarias y el 0% en Ceuta y Melilla).

Los que superen los 160 g/km, pero se mantengan por debajo de 200 g/km -salvo los quad- desembolsarán un 9,75% en la Península y Baleares (el 8,75% en Canarias y el 0% en Ceuta y Melilla).

Los que emitan 200 g/km o más -y los quad y motos náuticas- tendrán un tipo del 14,75% en la Península y Baleares (del 13,75% en Canarias y del 0% en Ceuta y Melilla).

Esta nueva norma obligará a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a incorporar la calidad del aire y la prevención de la contaminación en sus planeamientos urbanísticos y serán además determinantes para decidir sobre la ubicación de nuevas infraestructuras de transportes.También exigirá a los ayuntamientos de más de 250.000 habitantes que tengan planes de evaluación de su calidad del aire.