"No soy el héroe de las descargas". Pablo Soto se sentó ayer en el banquillo acusado por los grandes de la industria audiovisual. Su presunto delito: crear programas P2P (peer to peer o redes entre pares).

Los demandantes -las discográficas Universal, Warner, Emi y Sony, y la industria musical representada por Promusicae- reclaman a Soto más de 13 millones de euros por daños y perjuicios. Es la mayor demanda interpuesta en España contra el creador de aplicaciones de este tipo.

"No me entra en la cabeza que el que desarrolla una herramienta pueda ser responsable del uso que cualquier persona le dé a esa herramienta. Sería una aberración. Así, no tendríamos navegadores web o clientes de correo electrónico", declaró Soto, de 30 años, antes de entrar a la sala.

Tecnología "neutral"

La industria audiovisual asegura que él desarrolló los programas Blubster, Piolet y Manolito, -utilizados por 25 millones de personas-, "con evidente ánimo de lucro" y con "una conducta parasitaria", en un momento en que los sellos se ven inmersos en una profunda crisis de ventas.

"La tecnología es siempre neutral, no se puede acusar a ningún desarrollador de un programa por el uso que le den luego los usuarios", insistió el informático.

Según sus abogados, la defensa se basa en la neutralidad de los programas, que no están diseñados para transmitir ningún archivo en concreto: "Ni con copyright ni sin copyright", apuntó Soto, un autodidacta que se sentó frente a un ordenador por primera vez a los nueve años.

Igual que "vender armas"

"Soto busca que se juzgue a los que utilizan sus programas. Su programa es como vender armas a gente sin licencia que luego van pegando tiros", señaló, por su parte, el abogado de la acusación, Javier de Torres, antes de iniciarse el proceso.

Fuentes jurídicas explicaron ayer que, gane quien gane, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid será recurrida por la otra parte y, tras pasar por la Audiencia Provincial, alcanzará el Tribunal Supremo. La última sentencia sentará jurisprudencia para futuras demandas.

EL ANTECEDENTE

Un joven de Logroño, juzgado por lo penal

El pasado mes de abril, el juzgado de lo penal número 1 de Logroño condenó a un joven de 22 años por lucrarse con una página web que ofrecía enlaces para descargar películas y videojuegos. La sentencia, pionera en España, le condenó a seis meses de prisión y a pagar 4.900 euros por un delito contra la propiedad intelectual.

DIVISIÓN POR LAS SANCIONES

Las descargas de archivos protegidos por los derechos de autor han puesto a prueba en los últimos meses a legisladores y Gobiernos de la UE. El pasado martes, el Ejecutivo francés daba luz verde a su ley antipiratería, un proyecto del presidente Nicolas Sarkozy, que prevé cortar la conexión a internet como sanción. Una forma de castigo que semanas antes rechazó la UE y que evitó la aprobación del paquete tele-com. En España, mientras tanto, está habiendo todo tipo de propuestas para poner freno (o no) a las descargas ilegales: que las compañías telefónicas paguen por los derechos de autor, que se opte por la desconexión a la red o que, tal y como defienden los usuarios, no se limiten los derechos de los internautas.