En su comparecencia en el Congreso, María Teresa Fernández De la Vega no ha dado detalles de la operación de liberación del buque pero sí se refirió a dos de los puntos más polémicos, la detención de dos de los piratas y el episodio en que los secuestradores anunciaron que habían bajado a tierra a tres tripulantes.
Sobre este punto, no quiso entrar en detalles "por razones de seguridad" pero sí aseguró "que el Gobierno supo en todo momento donde estaba la tripulación" y que, ese día, sus actuaciones y expresaiones pretendieron "garantizar la seguridad" de los tripulantes. "Sabíamos donde estaba la tripulación, toda la tripulación y las garantizo que así fue en todo momento y de manera permanente", ha aseverado.
La detención y traslado a España de dos piratas dos días después del secuestro no fue "una opción" sino "una obligación" legal. Recordó, en concreto, que la operación Atalanta obliga a detener a los sospechosos de piratería y ha añadido que "al tratarse de un barco español y contra ciudadanos españoles" la competencia para juzgarlo corresponde a los tribunales españoles.En eso coinciden, asegura, el Gobierno, el servicio jurídico del Estado, la fiscalía de la Audiencia Nacional, los dos jueces centrales de instrucción que han intervenido y todos los magistrados la sala de lo penal de la Audiencia Nacional.
Experiencia pretérita
De la Vega ha dicho que "partiendo de la experiencia acumulada tanto en el caso del 'Playa de Bakio' (secuestrado en abril de 2008) como del 'Alakrana', el Gobierno está dispuesto a activar un protocolo" para la gestión de este tipo de incidentes.
El nuevo protocolo, según la vicepresidenta, servirá para institucionalizar y salvaguardar prácticas que han demostrado ser eficaces, tanto desde el punto de vista de la gestión como sobre todo de la comunicación con la instituciones, entidades o particulares implicados en el incidente.
Ha afirmado que el Gobierno tiene una propuesta de protocolo que someterá en los próximos días al estudio de los diferentes grupos parlamentarios.
Además, ha informado sobre otras iniciativas que planteará el Gobierno, entre ellas solicitar a la UE que la operación "Atalanta" incluya mayor vigilancia y control de los puertos en los que se embarcan los piratas y la interceptación de los buques nodriza.
Propuesta de España
La vicepresidenta ha recordado que España también ha planteado a la UE que dentro de su política de seguridad se incluya una misión de entrenamiento de 2.000 soldados para el ejército somalí.
De la Vega ha avanzado que España durante su presidencia europea propondrá la celebración de una conferencia internacional sobre Somalia, bajo el auspicio de Naciones Unidas.
Y, también en el ámbito internacional, el Gobierno apoyará la creación de un Tribunal Penal Internacional para juzgar los delitos de la piratería y su tipificación internacional, en el ámbito de la propuesta de Decisión-Marco sobre Trata de Seres Humanos de la UE.
Todo este tipo de iniciativas tienen tres objetivos fundamentales: fortalecer el Estado somalí y sus instituciones, aumentar la seguridad en el país y promover el desarrollo, y hacer frente a la crisis humanitaria que vive el país africano, según ha concretado la vicepresidenta.
