Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego y número dos del cerebro de la trama Gürtel, relató a su esposa en prisión el pasado 20 de febrero, días después de haber sido detenido por orden del juez Baltasar Garzón, que en su día hizo entrega al ex presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, de una copia de sus documentos sobre las cuentas del partido entre 1996 y 1999, de las que él era responsable.
Esta conversación, que obra en el sumario del caso Gürtel que se tramita ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), se produjo dos días antes de que Crespo hablara a su abogado, también desde la prisión de Soto del Real (Madrid), de la existencia de una documentación que podría revelar irregularidades en la financiación del PP gallego entre 1996 y mediados de 1999. "El lío que se puede montar es morrocotudo", dijo a su letrado.
En la conversación que mantuvo con su esposa, Consuelo Margarita Vázquez, Crespo se refiere también a dichas cuentas y dice que entregó una copia a Fraga "en su día para que supiera que había tenido un secretario de organización decente y ordenado".
Caja de seguridad
En una conversación de Crespo con su letrado, el pasado 24 de febrero, Crespor le dice que hay un "dato" que debe darle, relativo a una caja de seguridad que él tenía en Pontevedra donde se guardaba la documentación de su gestión como secretario de organización del PP de Galicia durante cuatro ejercicios completos.
"Ahí hay una documentación ordenada por mí en su día, porque cuando yo me marché quería dejar las cosas claras", dice Crespo, que añade que en dicha caja había documentación que correspondía "al año 1996 y hasta mediados de 1999, y era documentación económica pura, gastos del partido, y una relación de ingresos y gastos, sin especificar quien ingresaba. Eso va a traer cola cuando se levante el secreto del sumario".
A continuación Crespo dice que no cree que dichos papeles creen un "problema jurídico grave" y pregunta cuál sería el plazo de prescripción "de este tipo de cosas". "Depende de lo que estemos hablando, si es un problema de financiación irregular que puede conducir a un delito electoral (...) como mucho diez años, pero creo que menos".
