El PSOE y el PP han impedido hoy que el Congreso tramite dos proposiciones de ley de CiU y ERC para permitir a las comunidades complementar las pensiones no contributivas sin el actual límite del 25 por ciento, alegando que ello podría provocar desigualdades y dañar el sistema de protección del Estado.

La normativa actual, aprobada en 2005, concede la posibilidad a las comunidades autónomas de establecer complementos a las pensiones pero limita esta opción en el caso de las pensiones no contributivas y establece que el complemento a otorgar puede ser como máximo del 25 por ciento del importe, en cómputo anual, de estas pensiones.

Durante su exposición, el portavoz de CiU, Carles Campuzano, ha subrayado que ese límite no permite garantizar el "mínimo nivel de dignidad" que su grupo entiende que deben disfrutar todos los ciudadanos.

No se entendería, ha dicho, que en un momento de crisis económica no se adopte una medida que sólo pretende mejorar las pensiones, avanzar en la igualdad efectiva de lo que recibe cada pensionista y caminar hacia la reducción de la pobreza, sobre todo en el caso de aquellas personas que no han podido cotizar a la Seguridad Social de forma regular durante su vida.

Joan Tardà, en nombre de ERC, ha coincidido en estos argumentos, y ha agregado que, a pesar de que a lo largo de los años se ha ido avanzando en la atención a las personas que cobran pensión, lo cierto es que hay un "incremento de la pobreza espeluznante", una pobreza que "durante mucho tiempo ha permanecido invisible".

Bajo su punto de vista, el hecho de que asociaciones como Cáritas atiendan a muchas personas que viven con una escasa prestación "dice muy poco del Estado en su conjunto", desde el Gobierno central hasta los ejecutivos autonómicos, y por ello ha pedido no sólo que se pueda superar ese límite del 25 por ciento, sino que las comunidades reciban más recursos con los que atenderles.

Isabel López i Chamosa, portavoz del PSOE, ha justificado su oposición a ambas propuestas alegando que, si bien es cierto que muchas de las pensiones son insuficientes, ello no puede llevar a generar desigualdades entre los ciudadanos, porque se terminaría por "tirar al suelo el sistema de protección" del Estado.

En su opinión, aunque las comunidades no pueden completar las pensiones, sí tienen la posibilidad de dar ayudas para la vivienda o la alimentación a aquellos pensionistas con pagas más bajas, y para ello no hace falta aprobar una ley, las autonomías "sólo necesitan dinero".

Tomás Burgos, portavoz del PP, también se ha opuesto a las iniciativas al entender que dos personas de igual renta y situación social deben tener los mismos derechos, y no cobrar distintas prestaciones sólo por el hecho fortuito de vivir en autonomías distintas.

A su juicio, estas iniciativas debilitarían los principios del sistema de Seguridad Social del Estado, que tienen un carácter redistribuidor y no diferenciador, y además la crisis económica no puede ser una excusa para "violentar" el actual sistema "hasta hacerlo irreconocible".

Ha recordado que en 2005, cuando se permitió a las autonomías complementar las prestaciones, el PP ya advirtió de que muchas comunidades exigirían más, llevando hacia una "disgregación autonómica total del sistema de pensiones".

Para el PNV, representado por Emilio Olabarria, el límite del 25 por ciento es "manifiestamente injusto, y además inconstitucional", porque hay comunidades con recursos para atender las necesidades de los más débiles, y ha apuntado que en el sistema de pensiones "todos somos copartícipes de los problemas y de las soluciones".

Olaia Fernández, en nombre del grupo mixto, también ha respaldado las iniciativas y ha negado que el hecho de que las comunidades puedan completar las pensiones influya en la desigualdad..