El secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, ha presidido hoy una reunión con representantes locales y autonómicos para impulsar la adaptación de la normativa municipal a la Directiva de Servicios del Mercado Interior.

La Directiva, que pretende reducir los trámites administrativos para el establecimiento de actividades de servicios en la Unión Europea, tendrá una gran repercusión en España, por el peso del sector servicios en el PIB y en el empleo.

A la reunión han asistido representantes de veintiocho grandes ayuntamientos (de más de 250.000 habitantes y capitales con más de 175.000) y los directores generales de Administración Local de las comunidades autónomas, junto a representantes del Ministerio de Economía y Hacienda y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En el encuentro, según una nota del Departamento de Política Territorial, se ha expuesto un programa de trabajo para adaptar la normativa local a esta Directiva comunitaria antes del 28 de diciembre.

De esta forma, el Ministerio que dirige Manuel Chaves quiere prestar apoyo a los ayuntamientos para que éstos puedan identificar y modificar sus ordenanzas en el plazo marcado por la Unión Europea.

Zarrías ha señalado que las entidades locales tienen "un papel especialmente relevante" en la transposición de la Directiva de Servicios, al ser las Administraciones con competencias en gran parte de la normativa afectada.

Comercio, sanidad, transportes, medio ambiente, energía, deportes, espectáculos públicos y sociedad de la información son los sectores con ordenanzas municipales potencialmente afectadas.

"En el ámbito estatal, ya hay dos proyectos de ley que fijan los criterios para el nuevo marco de regulación", según el secretario de Estado de Cooperación Territorial, quien ha apostado por impulsar, ahora, la transposición en el ámbito de la Administración local.

La adaptación de las ordenanzas municipales a esta Directiva comunitaria posibilitará la agilización de los trámites administrativos, facilitará la puesta en marcha de actividades de servicios y acabará con los retrasos para la apertura de negocios y para la puesta en marcha de proyectos emprendedores.

Se trata de facilitar la libertad de establecimiento y de circulación en la prestación de servicios, ha apuntado Zarrías, quien ha indicado que la adaptación supondrá importantes ventajas para las empresas, los emprendedores y los consumidores.