El Congreso de los Diputados (cámara baja) instó hoy al Gobierno a limitar el principio de jurisdicción universal penal por parte de la Justicia española a los casos en los que existan víctimas españolas o los responsables del delito se encuentren en España.

En la actualidad, la Audiencia Nacional, el tribunal que juzga en España los casos de especial relevancia como el terrorismo, tramita trece causas internacionales bajo el principio de la jurisdicción universal, que abarcan desde delitos de genocidio en Guatemala hasta las torturas presuntamente practicadas en la prisión de Guantánamo.

La resolución, presentada por el conservador Partido Popular (PP), el principal de la oposición, y enmendada por el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), recibió 339 votos a favor, solo ocho en contra y una abstención.

El texto pide promover con urgencia una reforma para "limitar y clarificar" el alcance del principio de jurisdicción universal penal.

Según lo acordado hoy, para poder aplicar ese principio deberá estar acreditado que los presuntos responsables del delito investigado se encuentran en España y entre las víctimas hay personas de nacionalidad española.

También son requisitos que en el país donde se hayan cometido los hechos, o en un tribunal internacional, no haya comenzado una investigación y una persecución efectiva de los delitos denunciados.

Si el país implicado o un tribunal internacional comienza otro proceso sobre los mismos hechos denunciados, la jurisdicción española deberá archivar provisionalmente la causa que haya abierto.

Estados Unidos, Israel, China o Guatemala son algunos de los países que, bajo el principio de la jurisdicción universal, investiga en la actualidad la Justicia española a raíz de diversas querellas presentadas por asociaciones y colectivos.

El centro de detención estadounidense de Guantánamo (Cuba) acumula dos de las causas, en una de las cuales el juez Baltasar Garzón investiga a los posibles "autores materiales, inductores, cooperadores necesarios y cómplices" de los presuntos delitos de torturas cometidos en esta prisión.

Los disturbios registrados en el Tíbet en marzo de 2008, el ataque de Israel a la franja de Gaza en 2002 en el que murieron un líder de Hamás y 14 civiles; y otros casos como el asesinato de seis jesuitas en 1989 en El Salvador, son otras de las causas internacionales abiertas hasta sumar un total de trece.

A la vista de que la Audiencia Nacional es cada vez más "internacional", el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, se pronunció recientemente a favor de reformar algunos aspectos de la regulación de la jurisdicción universal.

"No nos podemos convertir en los gendarmes judiciales del mundo" o estar en un "conflicto diplomático diario", señaló entonces Dívar.