El Senado de Puerto Rico aprobó el proyecto de Alianzas Público Privadas (APP), iniciativa que permitirá al sector empresarial acceder a la gestión de servicios hasta ahora en manos de compañías estatales y que cuenta con la oposición de los sindicatos.

Líderes sindicales alertan que este plan permitirá que servicios públicos como la salud, la energía y la agencia responsable del empleo sean administradas por sectores privados.

La medida pasará ahora a la consideración de la Cámara de Representantes para ser confirmada.

El portavoz del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Roberto Arango, propuso la votación de un proyecto que el gobernador, Luis Fortuño, remitió al órgano legislativo hace ya dos meses, periodo en el que se introdujeron más de cincuenta enmiendas.

Fortuño se había reunido previamente para sacar adelante el proyecto con el presidente del Senado, Thomas Rivera, y miembros en esa cámara de su propio partido para alcanzar un consenso que evite futuros conflictos ante los tribunales.

El portavoz de la coordinadora sindical Frente Amplio de Solidaridad y Lucha (FASyL), Luis Pedraza, dijo a Efe que la iniciativa supondrá el "traspaso de bienes del país a la empresa privada".

Pedraza apuntó que se trata de una medida que sustituirá a las agencias del Gobierno por la iniciativa privada, además de denunciar secretismo sobre lo que realmente significan las Alianzas Público Privadas.

El sindicalista explicó que la iniciativa se trata de la entrega de los mejores activos del Gobierno a las empresas, para que éstas obtengan el consecuente beneficio económico.

Pedraza subrayó que la ley permitirá que "caigan" en manos privadas servicios públicos -o parte de éstos- como salud, energía o la agencia responsable del empleo en la isla.

"La empresa viene a hacer dinero", dijo el responsable sindical, que resaltó la falta de sentido de que servicios públicos básicos acaben en manos privadas.

Las Alianzas Público Privadas son acuerdos entre el sector estatal y las empresas para hacer posible o mejorar la prestación de algún servicio a través del desarrollo de proyectos de infraestructuras o el manejo de algún activo gubernamental, según un informe del Ejecutivo de Fortuño.

Las alianzas, generalmente, conllevan una relación contractual entre el Estado y un socio privado en la cual se establecen las responsabilidades y riesgos asumidos por cada parte.

El Ejecutivo ya adelantó que las alianzas no conllevan la privatización o venta de activos gubernamentales, aunque como se aclara en un documento "en algunas ocasiones dicha estrategia podría ser la más apropiada para optimizar el manejo de recursos".

El Gobierno de Fortuño subrayó que Puerto Rico atraviesa por una crisis fiscal sin precedentes, por lo que existe un déficit presupuestario de 3.233 millones de dólares, "que continuará a esos niveles por varios años si no se toman medidas drásticas".

La Ley autoriza a todas las entidades gubernamentales a participar en proyectos de alianzas y designa al Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF) como la entidad responsable de identificar los proyectos.