El subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, John Holmes, pidió hoy al Gobierno sudanés que revierta su decisión de expulsar a trece ONGs del norte del país, ya que ello incide en la ayuda humanitaria de la población.

"Esta decisión tiene graves implicaciones humanitarias y tendrá un gran impacto en millones de personas que dependen cada día de esta ayuda humanitaria", explicó Holmes durante una conferencia de prensa en las Naciones Unidas.

Asimismo, indicó que aunque todavía quedan 85 organizaciones no gubernamentales en el país, las 13 expulsadas están entre las de mayor capacidad y su presencia supone alrededor del 50 por ciento de la ayuda humanitaria en la zona.

La decisión de quitar las licencias a estas agrupaciones fue una reacción a la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, de emitir una orden de arresto contra el presidente sudanés, Omar Hasán Al Bachir, por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Darfur.

Holmes destacó que la violencia con la que el Gobierno de Sudán ha ejecutado la decisión, confiscando "activos y propiedad de las ONGs y de la ONU e intimidando al personal de estas organizaciones".

También resaltó la contundente oposición de las Naciones Unidas a la expulsión, expresada por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, varias llamadas realizadas durante el fin de semana al Gobierno sudanés.

El subsecretario advirtió que la situación sanitaria y de acceso al agua en la región sudanesa de Darfur puede convertirse en crítica en las próximas semanas.

"Tenemos que atender los problemas más urgentes, pero aunque podamos hacer algo para mitigarlos no estamos en la posición de reemplazar el trabajo de estas ONG y el Gobierno (sudanés) no tiene la capacidad de asistirlos tampoco", abundó.

Los dirigentes de las ONGs afectadas por la decisión junto con las que todavía pueden permanecer en la zona se reunieron hoy con Holmes para discutir la situación.

"Les hemos aconsejado que ejerzan su derecho de pedir que se revierta la decisión", señaló Holmes, quien se mostró preocupado por los casi 6.000 sudaneses que se han quedado en el área sin trabajo y sin capacidad de proveer la ayuda humanitaria necesaria en la región.

El responsable de los asuntos humanitarios de la ONU recordó que en muchas ocasiones habían recibido amenazas por parte de las autoridades, por lo cual trabajaban en un ambiente de incertidumbre.

Sin embargo, señaló, "está claro que esta decisión es una respuesta política, una decisión que no tiene nada que ver con las ONGs o con la ONU".

El conflicto de Darfur se inició cuando dos grupos insurgentes, el Movimiento de Justicia e Igualdad (MJI) y el Movimiento para la Liberación de Sudán (MLS), se levantaron en armas en febrero de 2003 contra el régimen de Jartum, en protesta por la pobreza y la marginación que sufrían los habitantes de esta región.

Desde el inicio del conflicto, cerca de 300.000 personas han muerto y otros dos millones y medio se han visto obligadas a abandonar sus hogares, según cálculos de la ONU.