El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, ha afirmado que el Gobierno ha utilizado "todo el margen de gasto público" que tenía y añade que "incluso hemos ido un poco más lejos de lo que según una interpretación estricta del pacto de estabilidad deberíamos".

En una entrevista concedida al diario El País, Solbes responde así a la cuestión de si queda margen para tomar nuevas medidas contra la crisis que, aunque augura que será prolongada, al final de la legislatura se acabará saliendo de ella "sin duda alguna".

Con respecto a las entidades financieras, el vicepresidente segundo no descarta la posibilidad de inyectarles dinero público porque "en una situación como la actual no hay que descartar nada".

Solbes manifiesta que, con las ayudas concedidas a la banca, el Gobierno ha intentado resolver que las entidades financieras dispongan de recursos suficientes para ofrecer a las familias y a las empresas, aunque no se mostró "satisfecho" con el resultado "porque no vemos que el sistema esté funcionando como nos gustaría".

Además, añade que los bancos "no son malos", pero que ante una situación como la actual, "tienen mayor aversión" al riesgo de la que tenían hace uno o dos años. En este sentido, señala que los bancos viven de prestar dinero y si no venden dinero a sus clientes "mal negocio están haciendo".

Prestaciones por desempleo

Con respecto a una mejora de las prestaciones por desempleo, Solbes afirma que ahora se ve muy poco margen "por no decir ninguno" para incrementarlas, aunque señala que siempre queda el margen de reducir gasto en otras cosas para aumentarlo en algo que se considere prioritario.

En cuanto al fondo de reserva de la Seguridad Social, insiste en que "está clarísimo" que sólo puede utilizarse para pensiones contributivas.

Preguntado acerca de si el Gobierno planteará recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Cajas de Madrid, Solbes responde que "se juzgará de acuerdo con la Ley".

El responsable de economía considera que aunque en el Consejo de Administración de Caja Madrid participen entidades públicas, como diputaciones, ayuntamientos o comunidades autónomas, "esto no debe incidir para nada en la operativa financiera, que debe manejarse con criterios claramente técnicos".