La Abogacía del Estado pedirá en los próximos días al Tribunal Supremo que liquide los bienes de Acción Nacionalista Vasca (ANV) en ejecución de la sentencia de ilegalización de esta formación dictada por el Tribunal Supremo.

Ésta será la primera de las medidas que solicitará la Abogacía del Estado cuando inste al Supremo la ejecución de la sentencia por la que esta formación fue ilegalizada el pasado mes de septiembre, han informado a Efe fuentes del Ministerio de Justicia.

La sentencia ha sido recurrida por ANV en amparo ante el Tribunal Constitucional, al que la Abogacía del Estado ha pedido también que no suspenda su ejecución mientras resuelve sobre el asunto.

A pesar de que todavía no se ha ejecutado la sentencia del Supremo, los bienes de ANV están bloqueados por efecto de la suspensión de actividades por tres años de esta formación y del EHAK-PCTV decretada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón el pasado mes de febrero.

Entre los efectos de esta suspensión figuraba la clausura de sedes, locales y establecimientos; el embargo y bloqueo de sus cuentas, depósitos y demás activos financieros, así como la prohibición de abrir otros nuevos; la suspensión de todas las ayudas y subvenciones financieras y/o económicas que como partidos recibieran o las que les correspondieran por parte de organismos públicos centrales, autonómicos y locales de la Administración.

Asimismo, desde febrero ANV no ha podido contratar, negociar, suscribir acciones, obligaciones, préstamos, fondos de inversión, de pensiones o de cualquier operación bancaria, o disponer de bienes muebles, valores o efectos, fondos o inversiones por orden de Garzón.

Tras dictarse la sentencia de ilegalización se procedió a la cancelación de la inscripción tanto ANV como del EHAK-PCTV en el Registro de Partidos Políticos.

Fuentes del Tribunal Supremo han asegurado hoy a Efe que la comunicación al Ministerio del Interior para que cancelara la inscripción de ANV y del EHAK-PCTV es la única medida que ha adoptado la sala del 61 en ejecución de sus sentencias, ya que las demás tienen que ser solicitadas por las partes que instaron la ilegalización: la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Desde la Fiscalía, sin embargo, se señala que debe ser el tribunal que ha dictado la sentencia "el que haga ejecutar lo juzgado" sin necesidad de que nadie le inste a ello.

En este sentido, fuentes del Ministerio Público han recordado que la Ley de Partidos Políticos establece que la sentencia de ilegalización "será ejecutiva desde el momento de su notificación".

"Si se decreta la disolución, la Sala ordenará la cancelación de la correspondiente inscripción registral, y el fallo producirá los efectos que se determinan" en la propia ley.

Recurso al Constitucional

Además, la Abogacía del Estado ha presentado en nombre del Gobierno un recurso en el que solicita al Tribunal Constitucional (TC) que no suspenda la ejecución de la sentencia de ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) mientras se tramita el recurso de amparo presentado por la formación abertzale en el que pide que se anule la sentencia de su ilegalización, dictada por el Tribunal Supremo (TS) el pasado 22 de septiembre, informaron fuentes ministeriales.

El fundamento de la oposición de la Abogacía del Estado, que presentó su informe ayer, se basa en que no es posible permitir que Acción Nacionalista Vasca vuelva a la normalidad y que pueda actuar en la vida política a la vista del contenido de los pronunciamientos que hizo el Tribunal Supremo al estimar la demanda de ilegalización planteada por el Gobierno.

Salgado pide apoyo

La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, ha pedido hoy el apoyo de todas las fuerzas políticas para ser capaces de expulsar a ANV de los ayuntamientos, con el Estado de Derecho y dentro del marco constitucional.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Entidades Locales del Senado, Salgado ha señalado que varios miembros del Gobierno han manifestado "con rotundidad" que se hará todo lo posible para que no haya ni un solo ayuntamiento gobernado por ANV.

La titular de Administraciones Públicas ha resaltado que en esta tarea espera el apoyo de todas las fuerzas políticas, para, con el Estado de Derecho y con el marco constitucional, ser capaces de "expulsar de los ayuntamientos a quienes no condenan la violencia y se hacen cómplices de los terroristas".

Salgado ha indicado que se han planteado acciones, actuaciones e iniciativas en este camino para conseguir que "en el plazo más breve posible" esto pueda ser una realidad, simplemente con un acuerdo de las fuerzas políticas mayoritarias en aquellos sitios donde es posible ya echar a los violentos de los ayuntamientos.

Blanco quiere unidad

El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, pidió hoy "la unidad sin fisuras" en las iniciativas que se adopten en los municipios en los que gobierne ANV y afirmó que el Ejecutivo estudia "la fórmula" para desalojar a la formación abertzale de los gobiernos municipales, sin descartar la modificación de la Ley, pero aseguró que pretende lograr "el consenso de todos". Además, afirmó que, tras el acercamiento de varios presos de ETA a Euskadi, la política penitenciaria la decide el Gobierno "en consenso y diálogo permanente" con el PP.

En un desayuno de Fórum Europa, Tribuna Euskadi, celebrado en Bilbao, Blanco inició su intervención con un recuerdo al empresario asesinado por ETA la pasada semana, Ignacio Uria, y destacó que "la Y vasca se hará de la misma forma y en los mismos plazos en que estaba prevista" porque "ningún asesino" alterará el proyecto.

"Se hará la Y vasca y Euskadi tendrá a sus tres capitales comunicadas por un Tren de Alta Velocidad. La tendremos que hacer sin Ignacio Uria, pero se hará de la misma forma y en los mismos plazos en que estaba prevista", aseveró.

Preguntado hasta dónde hay que aplicar contra ANV "el bisturí" del que ayer habló el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, destacó que "hay que aplicarlo con todos los instrumentos que permita el Estado de Derecho".

"Por eso, me sorprende que aquellos que apelan todos los días al patriotismo constitucional, estén dispuestos a dejar de lado al Estado de Derecho, con tal de montar una trifulca política", manifestó.

El PP quiere más control

El portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, denunció en el Congreso de los Diputados que el Ministerio de Administraciones Públicas "no es capaz" de resolver las "dudas esenciales" que suscita el fondo estatal de inversión para ayuntamientos en lo referente a la financiación de partidos gobernados "por el brazo político del terrorismo en España", en alusión a ANV.

"¿Hay que darle más dinero a huestes políticas que representan a ETA, como ha reconocido el Tribunal Supremo?", aseguró durante el debate de convalidación del decreto, recibiendo una larga ovación de la bancada 'popular'.

Para justificar sus dudas sobre la eficacia del control del Gobierno sobre los ayuntamientos de ANV, el dirigente del PP también cuestionó que el departamento sea capaz de supervisar "tal aluvión" de proyectos como le presentarán los 8.000 municipios de toda España.

El diputado de UPN, Carlos Salvador, que hasta hace unas semanas formaba parte del Grupo Popular y hoy está en el Grupo Mixto, fue el único participante en el debate que apoyó la tesis de Montoro, llamando la atención sobre el riesgo de que el fondo de inversión local beneficie a los ayuntamientos de ANV, ante lo que exigió un "esfuerzo de transparencia" en la gestión del mismo.

En respuesta, el portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso, reprochó a Montoro su "desfachatez" por aprovechar este argumento para criticar las medidas. "Nosotros no queremos a los radicales de ANV en los ayuntamientos", recalcó y reivindicó la figura del Gobierno como "firme garante y defensa de las instituciones  y las leyes".  

Por su parte, el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, garantizó que se aplicará un "riguroso sistema de control" al destino de este fondo, gestionado por el Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la Intervención General del Estado para garantizar la correcta aplicación de los fondos, de forma que ante cualquier irregularidad o incumplimiento, conllevará una "obligación de reintegro" de esas cantidades.