La Sala de lo Penal del tribunal Supremo hizo público este miércoles una providencia en la que señala que no existe "ninguna razón ni fundamento legal" que justifique el conocimiento por este alto tribunal de la investigación sobre las personas inicialmente señaladas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón como responsables de las desapariciones durante la Guerra civil y el franquismo.

Con este documento, que tiene fecha de 26 de noviembre, el Supremo responde al requerimiento que le hizo la nieta del que fuera presidente de la segunda República Juan Negrín, para que fuera esta alta instancia judicial la que entendiera de la causa iniciada por Garzón por considerar que las personas contra las que se dirigía este procedimiento eran aforadas y, por lo tanto, debían ser investigadas por el Tribunal Supremo.

A este respecto el Alto Tribunal señala "que no resulta que alguna persona que pudiera haber intervenido o participado en los hechos a los que el escrito se refiere desempeñe en la actualidad" alguno de los cargos mencionados en la ley como aforados, "ni que alguna de las personas que actualmente los desempeñen en los diferentes ámbitos del Estado, interviniera o participara en los hechos a los que el escrito alude". Por otro ello, el Supremo concluye que la petición de la nieta de Negrín debe ser archivada.

Lectura de Negrín

En una nota remitida este miércoles, esta parte realiza su propia y particular lectura de la providencia del Supremo y estima que el alto tribunal sí ha declarado su competencia para conocer de esta causa en aquellos casos en que "hubiera intervenido o participado alguna persona que hoy desempeñe alguno de los cargos mencionados" en la Ley como aforados.

Además de esta iniciativa, la nieta del ex presidente del Gobierno de la II República interpuso el pasado 17 de noviembre ante el Supremo una querella por prevaricación contra los diez magistrados de la Audiencia Nacional que el 7 de noviembre, y a instancias de la Fiscalía, paralizaron el inicio de las exhumaciones de fosas comunes ordenadas por el juez Baltasar Garzón en el marco de su investigación.

El alto tribunal todavía tiene que pronunciarse sobre la admisión a trámite de esta querella, en la que Negrín también acusa de prevaricador al fiscal que solicitó la paralización de las exhumaciones, Carlos Bautista.