El Gobierno ha lanzado ya su octavo paquete de medidas contra la crisis. El equipo de Zapatero pretende esta vez inyectar fondos en las entidades locales y fomentar el empleo. Sin embargo, este plan del Ejecutivo plantea varias dudas, además de dejar el control de los fondos sin más supervisión que la de los ayuntamientos. Por si fuera poco, la cuantía de los proyectos -que no podrá exceder de los cinco millones- podría resultar excasa para  la planificación urbanística de las grandes urbes españolas. 

El Consejo de Ministros dio este viernes el visto bueno al Real Decreto Ley por el que se crearán dos fondos, dotados en conjunto con 11.000 millones de euros, que servirán para invertir en sectores económicos estratégicos y en obra pública municipal.

El segundo de ellos es el principal y está dirigido a las corporaciones locales y quedará activado desde el próximo lunes. Este Fondo de Inversión Municipal, con el que se prevén crear 200.000 empleos, destinará 8.000 millones de euros para financiar obras que los ayuntamientos no han contemplado en su ordenación urbanística y que tendrán que construir a la carrera.

El importe máximo de cada uno de los contratos no podrá superar los cinco millones de euros y, para adjudicarlos, los ayuntamientos tendrán en cuenta las ofertas que creen más empleo y exigirán que el personal contratado para la ejecución de las obras esté desempleado.

El control

Los municipios podrán financiar sólo obras de nueva planificación y de ejecución inmediata -aquellas que no estén previstas en los presupuestos de 2009 y cuya licitación comience antes de que transcurra un mes desde que la autorización para que el Fondo la financie se publique en la página web del Ministerio de Administraciones Públicas-.

Los ayuntamientos recibirán el 70% del importe de la obra, tras remitir al Ministerio de Administraciones Públicas un certificado en el que se hagan constar los datos de la adjudicación y el número de personas a emplear, en tanto que el otro 30% se entregará cuando se certifique la realización de las inversiones y la finalización de las obras.

Por otro lado, los obreros que trabajen en la ejecución de los proyectos deberán encontrarse en situación de desempleo.

El problema de esta partida es que el principal responsable del control del destino y del correcto empleo del dinero público serán las propias corporaciones locales. Sin embargo, el Ministerio de Economía ha señalado que vigilará estrechamente estos usos.

Los plazos

Los ayuntamientos deberán presentar las solicitudes de financiación de sus proyectos entre el 10 de diciembre de 2008 y el 20 de enero de 2009, de forma que puedan iniciar sus obras desde el 11 de enero y nunca más tarde del 13 de abril de 2009.

El plazo de finalización de las obras será el primer trimestre de 2010. No obstante, se contempla la posibilidad de conceder prórrogas para la terminación de los trabajos de hasta seis meses.

Las obras que podrán financiarse a través del Fondo serán: las de adecuación, rehabilitación o mejora de entornos públicos urbanos; los equipamientos de servicios básicos en las redes viarias, de saneamiento, alumbrado y telecomunicaciones y las de construcción, adecuación, rehabilitación o mejora de edificios y equipamientos sociales.

También se podrán financiar las dirigidas a la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación; las de supresión de barreras arquitectónicas; las de conservación del patrimonio municipal y las de construcción y adecuación de la red de abastecimiento de agua potable a domicilio y tratamiento de aguas residuales.

Asimismo, podrán financiarse las obras dirigidas a promover la movilidad sostenible urbana; las de prevención de incendios y las destinadas a la promoción del turismo.

175 euros por habitante

Asimismo, el Fondo de Inversión Pública en el ámbito local tendrá un límite de 175 euros por habitante para cada ayuntamiento, según anunció este viernes la portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Inmaculada Rodríguez Piñero.

En un encuentro informativo con periodistas, Rodríguez Piñero explicó que para los casos de grandes municipios, como Madrid o Barcelona, el Ejecutivo está estudiando fijar un tope, si bien todavía no se ha cerrado. En cualquier caso, ratificó que el criterio de reparto será "proporcional" a la población.

Reformar la financiación autonómica

Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, ha asegurado que está muy "avanzada" la segunda propuesta del Ejecutivo para la reforma del sistema de financiación autonómica.

El vicepresidente económico ha asegurado que, tras escuchar las diferentes propuestas de las autonomías, el Gobierno tiene ya muy avanzada una nueva propuesta para presentarla en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Tras la reunión del Consejo de Ministros, Solbes también se ha comprometido a hacer todos los esfuerzos necesarios "para que a finales de año haya un acuerdo".