La investigación judicial abierta contra la mayor trama de corrupción destapada en el Ayuntamiento de Madrid por el tráfico ilegal de licencias cumple un año sin visos de que llegue a su fin por los obstáculos existentes para la realización de los peritajes económicos. Pese a los 365 días transcurridos, las pesquisas judiciales ponen ahora su punto de mira sobre los empresarios que entregaron suculentas mordidas a los funcionarios imputados a cambio de que les agilizasen los trámites de las licencias de sus locales.
El juez Santiago Torres concluirá el próximo diciembre estas comparecencias, y una vez que concluya esta fase, sólo quedarán los dictámenes periciales del patrimonio de los acusados, la auditoria de los expedientes y su posterior análisis. No obstante, la parte económica está paralizado desde el inicio de la causa por la negativa del Gobierno regional de adelantar fondos para practicar el peritaje.
La operación 'Guateque' ha salpicado al Gobierno de Esperanza Aguirre. El viceconsejero de Transportes, Luis Armada, es el único imputado de la esfera política a cuenta de las anomalías detectadas en su gestión como gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de 1997 a 2003.
No obstante, el juez Torres desgajó en julio de esta investigación el 'caso Becara', que salpicó de lleno al presidente de la Junta de Salamanca, Íñigo Henríquez de Luna.
Las fases del caso 'Guateque'
Volviendo a los orígenes de 'Guateque', la Gerencia de Urbanismo y la Concejalía de Medio Ambiente focalizaron la atención de la Guardia Civil desde el inicio de las indagaciones, que se extendieron a ocho Juntas Municipales. Se descubrió una red de cobro de comisiones ilegales que hasta entonces gozaba de una impunidad que casi se hizo crónica.
La primera fase arrancó a primera hora del 14 de noviembre de 2008 y se saldó con dieciséis detenidos. Agentes de la Guardia Civil, acompañados de la Policía Municipal, irrumpieron en Urbanismo, en Medio Ambiente y en las Juntas de Centro, San Blas y Chamberí.
Entre los detenidos estaban los supuestos cabecilla de la red: Victoriano Ceballos, hasta entonces jefe de División de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente, y Joaquín Fernández de Castro, que era el jefe del Departamento de Evaluación Ambiental.
En la cúspide de la red se sitúa Ceballos, quien llegó en 1980 a la Junta de Moratalaz gracias a su cuñado Saturnino Zapata, entonces concejal socialista de Personal. Años después accedió a la Concejalía de Medio Ambiente, donde se le abrió un expediente en 1987 por falsedad documental. Al final, se le apartó de la investigación por falta de pruebas.
También empresarios
Ademas de los 'cerebros de la trama', se decretó el ingreso en la cárcel de los empresarios Santiago Castillo Morales, apoderado de la empresa AC93, y Antonio Sanz Escribano, administrador único de la empresa AB Escribano Ingenieros Consultores. La sociedad AC93 es una de las piezas clave de la instrucción, puesto que se encargaba de falsificar documentos para solicitar las licencias que formaron parte del entramado corrupto.
El 20 de noviembre, el juez Torres mandó a prisión a Carmelo García Sánchez, un funcionario jubilado, adscrito en su momento a la Gerencia de Urbanismo. Carmelo García Sánchez fue juzgado ya por un asunto similar. Estuvo implicado en el caso 'Sauna Paraíso' del que finalmente se le exoneró.
El Ayuntamiento de Madrid, ¿responsable?
La revelación de la trama abrió la veda de la bronca política por la supuesta responsabilidad del Ayuntamiento en permitir que sus funcionarios se lucraran gracias a la obtención de sobornos, que oscilaban entre los 8.000 y 20.000 euros. Para frenar las acusaciones, Alberto Ruiz-Gallardón se mostró partidario de colaborar con la Justicia.
Segunda fase
La segunda fase saltó el 27 de diciembre de 2007, con el registro de seis sedes municipales y diez nuevas detenciones de personas vinculadas a la trama. Esta fase se produjo tras analizar minuciosamente la documentación incautada en los primeros registros y los 187 expedientes requisados.
En este bloque, el instructor mandó a prisión a Manuel Sánchez Romanillos (de la Junta de Chamartín); Miguel Ángel García Jodar (técnico de Medio Ambiente); Alfonso Clemente García (que trabajó en la Junta de Carabanchel); y Fernando Ruiz Torrejón (de Urbanismo). Además, decretó el 9 de enero prisión provisional para los empresarios Julián Rubén López y Eduardo Agustinos, quienes se encontraban huidos de la Justicia desde el 27 de diciembre.
Casi dos meses y medio después, el magistrado puso en libertad a Ceballos y a los otros funcionarios -también los detenidos en la segunda fase- bajo fianza de 60.000 euros, mientras que los empresarios pudieron eludir la cárcel tras abonar un pago de 100.000 euros. Una vez excarcelado, Ceballos acudió el 2 de enero a declarar de nuevo, asegurando a los medios que "sólo" se adelantaban "los expedientes que decían los políticos que se adelantaran".
