La Asociación Ex Presos Sociales ha escrito este miércoles una carta al Ministerio de la Presidencia en la que mostraba su "decepción" con  la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, "por no haber recogido el criterio que proponía" esta organización a la hora de repartir las indemnizaciones otorgadas a los homosexuales y transexuales represaliados en el franquismo.

El Pleno del Congreso aprobó el martes duplicar las ayudas previstas para este colectivo, hecho por el que la asociación mostró su satisfacción, aunque no está de acuerdo con la forma en la que se van a distribuir estos cuatro millones de euros.

Así, los Presupuestos Generales del Estado para el 2009 establecen que este dinero se debe repartir entre los beneficiarios en función del tiempo que cada uno estuvo en la cárcel, mientras que los represaliados piden que haya una indemnización fija de 24.000 euros, independientemente del tiempo que permanecieron en prisión.

En concreto, el acuerdo del martes del Congreso duplica las cantidades previstas en las cuentas públicas de 2008, quedando de la siguiente manera: 4.000 euros para los homosexuales y transexuales que permanecieron entre dos y seis meses en prisión, 8.000 euros a los que estuvieron entre seis meses y tres años y 12.020 euros a los que se vieron en la cárcel más de tres años. La asociación calcula que estas ayudas beneficiarán a unas 80 personas.

Abstención de IU-ICV

El hecho de no colmar las peticiones de los presos sociales llevó a abstenerse a los diputados de IU y de ICV, Gaspar Llamazares y Joan Herrera, pese a que habían participado activamente en la negociación de la enmienda transaccional.

El presidente de la asociación, Antoni Ruiz, critica que la postura adoptada por el PSOE podría haberse tomado "sin necesidad de que la vicepresidencia del Gobierno hubiera mantenido ninguna reunión con los afectados, evitando que éstos se hubieran desplazado desde diferentes lugares de España para explicar su propuesta".  

Ruiz espera que la negociación de los Presupuestos Generales en el Senado "sirva para mejorar la propuesta aprobada en el Congreso". "De la actitud que mantengan ustedes (Ministerio de la Presidencia) y del trabajo del PSOE depende que la iniciativa salga adelante. A la asociación le gustaría que hubiera un cambio en su postura y que la vicepresidencia mostrara una mayor sensibilidad hacia estas justas demandas", concluye la carta.

Las quejas de las asociaciones

Diversos colectivos relacionados con la recuperación de la memoria histórica, entre ellos la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) o la Asociación Nuestra Memoria de Sierra de Gredos y Toledo, han iniciado una campaña de quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El medida, según las asociaciones, responde "a las irregularidades que está llevando a cabo la Fiscalía de la Audiencia Nacional" con respecto al sumario abierto por el juez titular del Juzgado Número 5, Baltasar Garzón, para las desapariciones causadas por la represión franquista.

Según explica la ARMH, la campaña trata de "reclamar atención por parte del CGPJ a lo que está ocurriendo en la Audiencia con respecto a esa causa". La Sala de lo Penal paralizó el pasado viernes por 10 votos contra 5 las exhumaciones de cádaveres autorizadas por Garzón hasta que se tome una decisión sobre su competencia para investigar estos hechos.

"Un perjuicio a la víctimas"

Lo ocurrido el pasado viernes 7 de noviembre con la reunión del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia convocada con carácter de excepcional urgencia "ha causado un perjuicio a las víctimas y una serie preocupaciones en los familiares de los desaparecidos que han temido que la resolución de la Sala pueda paralizar todas las exhumaciones de fosas que se están llevando a cabo", indican las asociaciones.

La campaña, que ha sido distribuida a miles de familiares de desaparecidos, afectados directamente por el sumario abierto por Garzón, se ampara en la "Carta de derechos de los ciudadanos ante las Justicia", que en su punto 17 especifica que el ciudadano "tiene derecho a formular reclamaciones, quejas y sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia" y a "recibir respuesta a las mismas con la mayor celeridad y, en todo caso, dentro del plazo de un mes".

La Carta añade que el ciudadano puede presentar sus quejas y sugerencias ante el propio Juzgado o Tribunal, sus órganos de gobierno, las Oficinas de Atención al Ciudadano, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y, en su caso, ante las Administraciones de las Comunidades Autónomas.