El concejal del PSE-EE de Iurreta (Vizcaya), Fernando Borja Ulibarri, que fue detenido ayer acusado de intentar besar a una mujer que ejercía labores de escolta para el edil, ha quedado en libertad con cargos por orden del juez, ante el que negó los hechos, a la espera de juicio, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
La detención del edil tuvo lugar minutos antes de las siete y media de la tarde del domingo en Iurreta, acusado de intento de agresión sexual a una mujer que le proporcionaba servicio de escolta. Al parecer, el concejal estaba en estado de embriaguez y mantuvo un forcejeo con otro escolta, compañero de la víctima.
Tras pasar a disposición judicial a media mañana de hoy, la autoridad judicial decretó su puesta en libertad con cargos.
Con antecedentes
El comité de empresa de Castellana de Seguridad (Casesa), a la que pertenece la escolta que ayer denunció a un edil del PSE-EE de Iurreta (Vizcaya) por presuntamente intentar besarla cuando estaba ebrio, ha afirmado hoy que "ya existían antecedentes de conducta inapropiada" por parte del concejal.
En una nota, el comité de empresa ha sostenido que dicha conducta inapropiada conllevó a la sustitución de los anteriores guardaespaldas del edil socialista Fernando Borja Ulibarri, "a solicitud de los escoltas", y ha asegurado que "el comportamiento de este concejal ya era conocido por la empresa y por los responsables del servicio de protección".
El órgano de representación de los trabajadores ha criticado la "permisividad" de los jefes de seguridad de los partidos políticos y autoridades "obviando los partes de incidencias" sobre "la mala utilización de los medios de protección (por parte de los protegidos), como vehículos utilizados para llevar amigos de copas, a los niños al colegio...".
El comité ha expresado su "apoyo incondicional y respeto" a la guardaespaldas denunciante, ha censurado la "indefensión que en innumerables casos sufren los escoltas" y ha citado como ejemplo de esto último la falta de respeto, el caso omiso a las normas de seguridad o las actitudes prepotentes.
La representación de los trabajadores de Casesa ha reclamado a las instituciones que recuerden a los protegidos "la obligatoriedad de hacer caso a los escoltas" y que los medios que se ponen a su disposición son "para su propia seguridad y no para su abuso".
Por su parte, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de LSB-USO ha precisado que el relevo de los escoltas de Ulibarri, "a petición de ellos mismos", tuvo lugar el pasado mes de julio.
En una nota, el sindicato ha considerado que el incidente de ayer "podría haberse evitado si el Gobierno vasco hiciera caso de los informes realizados por los escoltas" acerca de los protegidos.
La central ha explicado que "cuando un VIP se comporta incivilizadamente o su comportamiento no es apropiado" los guardaespaldas informan a la empresa, que, a su vez, hace lo propio con el Gobierno vasco.
"Por lo general, el resultado de estos escritos es que a los que se retira del puesto es a los escoltas y ponen a otros, pero vuelve a ocurrir el mismo problema al mismo tiempo", ha criticado LSB-USO.
Ulibarri fue denunciado ayer por su escolta por, presuntamente, intentar besarla cuando el edil estaba en estado de embriaguez.
Ulibarri, que hoy ha quedado en libertad tras pasar a disposición judicial y negar los hechos de los que se le acusa, ha declarado a EFE que la denuncia es falsa y responde a un "montaje" de sus guardaespaldas, después de que uno de ellos le asestara "cuatro puñetazos" en su propio portal.
