La ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV), ordenada por el Tribunal Supremo (TS), es la segunda de un partido político decretada por el Alto Tribunal desde que el 29 de junio de 2002 entró en vigor la Ley de Partidos Políticos.

Durante este tiempo, el TS también ha anulado centenares de candidaturas electorales, o ha impedido la inscripción de agrupaciones políticas, de formaciones como Herritarren Zerrenda (HZ), Aukera Guztiak (AG), Abertzale Sozialistak (AS) y Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB).

HB-EH-Batasuna, el precedente

La primera vez que el Tribunal Supremo utilizó la Ley de Partidos Políticos de 2002, que habían negociado PP y PSOE para impedir la participación de ETA en las instituciones, fue el 17 de abril de 2003, cuando ordenó la ilegalización de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna (HB-EH-Batasuna) por su relación con ETA.

Sólo un mes después, el 3 de mayo de ese año, el TS anuló 241 candidaturas electorales presentadas en el País Vasco y Navarra para los comicios locales del 25 de mayo de 2003, por entender que formaban parte de la "estrategia de sucesión" de Batasuna.

A esta decisión se sumó la orden de disolución del grupo Sozialista Aberzaleak (SA), adoptada por el Supremo el día 21 de mayo, al considerar que esta formación no era "sino un artificio más encaminado a obstaculizar los efectos de la ilegalización de Batasuna".

En enero de 2004 el Tribunal Constitucional decidió mantener la ilegalización de Batasuna-Herri Batasuna, mientras que en el mes de mayo de ese año el TS anuló también la candidatura al Parlamento europeo de Herritarren Zerrenda (HZ), al entender que esta agrupación era sucesora de las ya ilegalizadas anteriormente.

La siguiente candidatura anulada por el Supremo fue la presentada por Aukera Guztiak (AG) para las elecciones vascas del 17 de abril, ya que el Alto Tribunal apreció su "continuidad y sucesión" con la "actividad y objetivos" de los partidos Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna.

El 5 de mayo de 2007, el TS anuló la proclamación de todas las candidaturas presentadas por las agrupaciones electorales de Abertzale Sozialistak (AS), aunque permitió concurrir a los comicios de 27 de mayo a las listas independientes impugnadas por la Fiscalía y el Gobierno, excepto una.

Primer paso

Un día después el Supremo acordó anular la proclamación de las 133 candidaturas de Acción Nacionalista Vasca (ANV) impugnadas por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado.

El 16 de mayo la Sala del 61 del Supremo admitió las demandas de ilegalización de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) presentadas por el Gobierno y la Fiscalía y, en consecuencia, prohíbe su inscripción en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, que había efectuado el 27 de marzo.

Largo proceso

El proceso de ilegalización del histórico partido ANV comenzó con el paso que dio el Gobierno en mayo de 2007 para impedir que 133 de sus candidaturas se presentaran a las elecciones municipales al considerar que estaban manipuladas por Batasuna.

Tres días después de que la Abogacía del Estado y la Fiscalía impugnaran esas listas, el Supremo las anuló, en una decisión que confirmó posteriormente el Tribunal Constitucional.

Con las candidaturas que pudieron concurrir a esos comicios locales, celebrados el 27 de mayo, ANV consiguió 387 concejales en el País Vasco, lo que le convirtió allí en la tercera fuerza política, y un centenar en Navarra.

Las intenciones de esta formación, que prácticamente ha permanecido "durmiente" desde que se inscribió en el registro de partidos en 1977, de participar en las elecciones generales del pasado 9 de marzo se frustraron con la presentación de las demandas de ilegalización por parte de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, 30 y 31 de enero respectivamente.

El 8 de febrero, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, ordenó la suspensión de sus actividades por tres años -también lo hizo del PCTV- al determinar su vinculación con ETA-Batasuna.

Aunque la Sala Especial del 61 del TS rechazó ese mismo día suspender su actividad, le impidió presentarse a las elecciones y acordó cortarle las subvenciones públicas mientras se tramitaba el procedimiento de ilegalización.

El 14 de abril el Supremo abrió el periodo de presentación de pruebas en el proceso de ilegalización tanto de ANV como del PCTV y las vistas se celebraron durante los meses de junio y julio.

Las alegaciones finales de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado tuvieron lugar los días 4 y 7 de agosto, respectivamente, y defendieron que las dos formaciones habían desarrollado una estrategia global de colaboración con la ya ilegalizada Batasuna, que incluye el apoyo a la violencia de ETA y la utilización de ambas por la banda armada.