La Sala del 61 del Tribunal Supremo ha acordado este martes la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) al estimar por unanimidad las demandas interpuestas contra esta formación por el Gobierno y por la Fiscalía, han informado fuentes del alto tribunal.
La ilegalización de ANV ha sido confirmada posteriormente en rueda de prensa por el presidente del Supremo, Francisco José Hernando, que ha señalado que la sentencia -que no cuenta con ningún voto particular- se hará pública en los próximos días.
Según Hernando, la declaración de ilegalidad de ANV, que tendrá como consecuencia la disolución de este partido, también "comporta la liquidación y la puesta a disposición del Tesoro, según prevé la Ley de Partidos, de todos los bienes y efectos que pertenezcan" a la formación abertzale.
El Tribunal Supremo ha notificado verbalmente su decisión esta mañana a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, han confirmado fuentes del Ministerio de Justicia.
El lunes, clave
Según informaron el lunes fuentes del Alto Tribunal, los 16 magistrados de la Sala Especial permanecieron lunes reunidos durante la mayor parte de la jornada.
La deliberación sobre ANV comenzó después de que el pasado jueves la Sala recibiera las alegaciones finales presentadas por esta formación. Las del EHAK-PCTV, que tenía de plazo para formularlas hasta las 15.00 horas de ayer, también fueron entregadas.
Según establece la Ley de Partidos, transcurrido dicho plazo de alegaciones finales el proceso queda concluso para sentencia, que "deberá dictarse en 20 días".
La Sala del 61 volverá a reunirse el miércoles para comenzar a deliberar sobre las demandas de ilegalización que la Fiscalía y la Abogacía del Estado presentaron contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK-PCTV) y, según las fuentes consultadas por Efe, podría anunciar el fallo el próximo viernes.
La Ley de Partidos establece que, tras la notificación de la sentencia en la que se acuerde la disolución de una formación, "procederá el cese inmediato de toda la actividad del partido político disuelto".
Además señala que "la disolución determinará la apertura de un proceso de liquidación patrimonial, llevado a cabo por tres liquidadores designados por la Sala sentenciadora" y que "el patrimonio neto resultante se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario".
El pasado 30 de enero el Gobierno -a través de la Abogacía del Estado- presentó su demanda de ilegalización de ANV ante la existencia de "una relación de sucesión o continuación" de este partido con la ilegalizada Batasuna.
En su escrito los servicios jurídicos del Estado consideraban que ANV, que concurrió a las pasadas elecciones municipales, formaba parte de la Izquierda Abertzale del complejo Batasuna y que era la "candidatura de ETA".
Un día después la Fiscalía interpuso también una demanda de ilegalización de este partido, al considerar que se había producido una cesión a favor de la organización ilegal Batasuna de los derechos y prerrogativas que la normativa electoral concedía a ANV.
El Ministerio Público señalaba también que, tras una inicial ambigüedad calculada respecto de los actos terroristas de ETA, los miembros de ANV habían minimizado las acciones violentas de los terroristas, para terminar asimilando el discurso clásico de Batasuna.
Suspendida de actividades
Hernando explicó que la declaración contra esta formación, suspendida de sus actividades desde febrero pasado por orden de juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, supone "la liquidación y la puesta a disposición de las previsiones de la Ley de Partidos Políticos de todos los bienes y efectos que pertenezcan al partido politico que se ha declarado ilegal".
Detalló además que la disolución de los grupos municipales de este partido es una "consecuencia de la ilegalización", pero que los efectos de esta medida se detallarán "en el tramíte de ejecución de sentencia". Actualmente, ANV cuenta con 337 concejales en el País Vasco y 93 en Navarra.
"No hay votos particulares, la decisión ha sido tomada por unanimidad de todos los componentes de la Sala", precisó Hernando en una breve comparecencia de apenas dos minutos en la que únicamente comunicó el fallo del proceso contra ANV, después de dos días de deliberación y una primera toma de contacto sin carácter oficial celebrada el pasado día 10. Asimismo, detalló que la sentencia sobre este asunto "posiblemente estará dentro de unos días".
El miércoles, los 16 magistrados que componen esta Sala comenzarán también la deliberación de la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), contra el que la Fiscalía y la Abogacía del Estado también presentaron demandas de ilegalización.
"Meros intrumentos"
El Gobierno consideró en sus informes definitivos de ilegalización que ANV y el PCTV son "instrumentos" de la banda terrorista ETA, tal y como argumentó la Abogacía del Estado a la luz de las pruebas practicadas durante las vistas de ilegalización celebradas en el Tribunal Supremo el pasado mes de junio. Los servicios jurídicos del Estado presentaron a principios de agosto ante la Sala 61 del Tribunal Supremo estos informes finales.
En dos escritos en los que solicitaba la ilegalización de estas formaciones, de 42 y 51 páginas, respectivamente, la Abogacía del Estado analizaba una a una las pruebas practicadas durante el proceso que se lleva a cabo en la Sala 61 del TS, al tiempo que se insiste en que la Ley de Partidos "no prohíbe, proscribe o persigue ideas o ideologías, ni restringe la libertad de expresión, ni violenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos". En ambos, el argumento es similar: PCTV y ANV son "meros instrumentos o herramientas del terrorismo de ETA-Batasuna".
Sobre el PCTV, se señala que las pruebas que acreditan la instrumentalización las han obtenido las Fuerzas de Seguridad del Estado a lo largo del periodo 2005-2008, con la investigación que se realizó en torno a este partido en las elecciones autonómicas de 2005, después de la ilegalización de la agrupación electoral Aukera Guztiak. Se apunta, además, que antes no había desarrollado actividad política alguna y que, tras la ilegalización de la mencionada agrupación, asumió sus postulados, amén de la participación de personas de Batasuna en su campaña y actos electorales.
Respecto a ANV, la Abogacía del Estado sostiene que ha quedado acreditada la dirección de Batasuna en el proceso de presentación de candidaturas y realización de la campaña en las elecciones municipales de 2007. Entre las pruebas, las contenidas en un pendrive intervenido al presunto etarra Gorka Murillo, con el título 'Elecciones 2007. Pasos a dar en el ámbito jurídico'. También en este caso se indica que, con el acceso a determinados ayuntamientos, ANV "ha asumido la totalidad de los postulados del entorno de ETA, incluida la no condena de la violencia terrorista".
El informe añade que en Hernani (Guipúzcoa) y Elorrio (Vizcaya) se han creado comisiones informativas de presos y represaliados y realizado declaraciones en línea directa con los postulados de ETA. También se citan como pruebas la intervención de la alcaldesa de Hernani, Marian Betialarrangoitia, en el acto del 12 de enero, en el que mandó un aplauso "lo más caluroso posible" a los autores del atentado en la T-4 del aeropuerto de Madrid-Barajas en el que murieron dos ciudadanos ecuatorianos, los etarras detenidos Igor Portu y Mattin Sarasola.
