El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha presentado esta mañana ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la Ley del Parlamento Vasco que convoca una consulta popular sobre el diálogo y la normalización política el 25 de octubre, que hoy se publica en el Boletín Oficial del País Vasco.

El recurso de inconstitucionalidad ha sido presentado por el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, a las 10:00 horas en el Alto Tribunal.

El Ejecutivo ya ha avanzado que en el recurso se hace una "expresa invocación" al artículo 161 de la Constitución, que prevé la suspensión inmediata de la ley recurrida y todos sus efectos jurídicos durante cinco meses, lo que impedirá la celebración de la consulta el 25 de octubre.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha apelado al sentido común y ha dicho que espera que hoy, tras la presentación del recurso de inconstitucionalidad del Gobierno, acabe "el disparate" del lehendakari, Juan José Ibarretxe.

"Pensemos que hoy el sentido común se impondrá, ya ha sido suficiente el disparate, y esperemos que acabe exactamente hoy", ha manifestado el titular de Justicia durante un desayuno informativo en el que ha indicado que las consecuencias del recurso presentado por el Ejecutivo son las establecidas por Constitución.

En este sentido, Bermejo ha recordado que, una vez que el recurso sea admitido a trámite por el Tribunal Constitucional (TC), la norma recurrida quedará suspendida durante cinco meses, mientras el tribunal resuelve.

El ministro ha insistido en que los tiempos y las consecuencias son los marcados por la Constitución y en que el Gobierno seguirá atento a lo que ocurra para reaccionar con las armas de la ley ante cualquier eventualidad.

"El camino está marcado", ha afirmado.

Mariano Fernández Bermejo se ha mostrado convencido de que el lehendakari no va a insistir en la convocatoria de la consulta, aunque ha asegurado que si hubiera cualquier otra acción, el Gobierno respondería por vías legales.

Ante la posibilidad de que el Gobierno vasco decidiera mantener su consulta, Bermejo ha dicho que "todas las posibilidades legales están ahí para ser utilizadas", pero ha insistido en que en un asunto como éste no se deben hacer especulaciones, sino estar atentos para ver cómo se resuelven las cosas".

El PP también impugna

El PP basa el recurso que ha presentado ante el Tribunal Constitucional contra la ley del Parlamento Vasco que convoca una consulta popular en "la defensa de la soberanía del pueblo español", y espera que se resuelva antes del 15 de septiembre y que se acumule al interpuesto por el Gobierno.

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Saenz de Santamaría, y el coordinador de Justicia de este partido, Federico Trillo, han presentado en el registro del Tribunal Constitucional poco antes de las 14.00 horas el recurso contra la ley del Parlamento Vasco que convoca una consulta popular sobre el diálogo y la normalización política para el 25 de octubre.

Sáenz de Santamaría ha destacado que el recurso del PP "busca preservar la unidad y la integridad del territorio de la nación española desde la lealtad absoluta y total a la Constitución".

La portavoz parlamentaria del PP ha añadido que el proyecto de ley aprobado por el Parlamento de Vitoria el pasado 27 de junio supone preguntarle al pueblo vasco sobre el futuro de esta comunidad autónoma y es "un fraude a los ciudadanos vascos, a los españoles y a la Constitución".

El diputado Federico Trillo ha explicado que el PP pide al TC en su recurso que se tramite de forma "preferente" e "inmediata", para lo que solicita que se habilite el mes de agosto, de forma que la resolución del Alto Tribunal pueda conocerse antes del 15 de septiembre.

Asimismo, el PP se adhiere a la petición de suspensión inmediata de la ley del Parlamento Vasco que incluye el recurso presentado esta mañana por el Gobierno, y espera que ambos recursos "se puedan acumular" para que el TC resuelva "cuanto antes".

Los plazos de la convocatoria

El Boletín oficial del País Vasco (BOPV) publica hoy la Ley de Convocatoria y Regulación de una Consulta Popular, aprobada el pasado 27 de junio por el Parlamento vasco, que prevé que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, convoque el próximo 15 de septiembre la consulta que prevé celebrar el 25 de octubre.

El texto fue aprobado con los votos de PNV, EA y EB, a los que se sumó un apoyo que EHAK prestó a esta iniciativa, lo que permitió que finalmente saliera adelante.

La norma publicada hoy establece que la consulta se desarrolle y realice en base a la Ley que rige las elecciones autonómicas vascas y prevé una campaña similar a la de los comicios al Parlamento vasco y las subvenciones para los diferentes partidos de cara a la celebración de la consulta, según los escaños que hayan obtenido en la Cámara autonómica. En ese sentido, el Consejo de Gobierno vasco del pasado 8 de julio autorizó una disposición de crédito global de presupuesto por un importe de 5,1 millones de euros, con el fin de atender las necesidades de crédito de pago del Departamento de Interior para la financiación de la ley de Consulta.

Las preguntas

En el artículo único del documento se señala que, "en virtud de la presente autorización del Parlamento vasco", el lehendakari somete a consulta, con carácter no vinculante, dos preguntas.

La primera de ellas dice: "¿Está usted de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la violencia, si previamente ETA manifiesta deforma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma de una vez y para siempre?", mientras que la segunda indica: "¿Está usted de acuerdo en que los partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un Acuerdo Democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco, y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010?".

El texto apunta que la consulta se celebrará 25 de octubre de 2008 y se convocará por el lehendakari el 15 de septiembre. Su desarrollo y realización se regirá por la vigente Ley 5/1990, de 15 de junio, de Elecciones al Parlamento vasco, "con unas adecuaciones", y señala que comprenderá a los partidos que tienen representación en la Cámara autonómica.

Asimismo, establece que la votación se realizará por medio de papeleta que contendrá impresas las preguntas de la consulta y con sobre de votación. La decisión del votante podrá ser "si" o "no", marcando en el recuadro correspondiente la opción elegida o bien, dejarlo en blanco.

La Ley afirma que, al no tratarse de una consulta por vía de referéndum, en cualquiera de sus modalidades, ni ser jurídicamente vinculante, "a dicho proceso consultivo no le resulta de aplicación de Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum, ni tampoco precisa, por tanto, la previa autorización del Estado para su convocatoria. Por ello, defiende su legalidad y que "tiene plena validez política y social".

En el texto, se precisa que esta consulta habilitadora, "aun no siendo jurídicamente vinculante, tiene plena validez política y social para abordar e impulsar el fin definitivo de la violencia, así como para conocer el estado de opinión de la sociedad vasca al objeto de abrir un proceso de resolución definitiva del conflicto político, entre todas las partes implicadas y sin exclusiones".