La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado este sábado que la Fiscalía General del Estado va a defender a las mujeres que abortaron ilegalmente en las clínicas del doctor Carlos Morín, en Barcelona.
De la Vega ha pedido "tranquilidad" y ha avanzado que el órgano que dirige Candido Conde-Pumpido recurrirá la orden de la Audiencia de Barcelona, que pide a la titular del Juzgado de Instrucción número 33 de la capital catalana que haga públicos los nombres de estas mujeres para garantizar el derecho de defensa de los acusados.
Para De la Vega, esta decisión es "inaceptable y vulneradora de los derechos fundamentales de las mujeres" porque "desprecia su identidad y la confidencialidad de los datos". "No nos vamos a resignar ante decisiones de esta naturaleza, sencillamente no lo vamos a tolerar", ha avisado la vicepresidenta.
La mano derecha de Zapatero ha hecho estas declaraciones en el acto conmemorativo del 30 aniversario de la Secretaría de Igualdad socialista, ante la ministra de Igualdad, Bibiana Aido,José Blanco y Maribel Montaño.
El CGPJ protesta
El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, ha dicho De la Vega ha hecho una "auténtica descalificación" del trabajo de los jueces al calificar de "inaceptable" el fallo judicial sobre las clínicas abortistas.
En declaraciones a la Agencia Efe, ha recalcado que las decisiones de los jueces "han de ser acatadas, respetadas y aceptadas" y ha señalado que, "a lo sumo", se puede criticar y explicar por qué no se comparte.
"Lo que se produce por parte de la vicepresidenta primera del Gobierno hacia esa sala de la Audiencia de Barcelona es una auténtica descalificación de su trabajo, con una lectura muy precipitada del fallo judicial, y esto es absolutamente inaceptable en un Estado de Derecho", ha subrayado.
"No se puede pedir a los jueces que adapten la aplicación de la ley penal a las oportunidades políticas de cada momento", ha considerado el portavoz del CGPJ, que ha añadido que la sentencia ya advierte de que si se pretenden conseguir efectos distintos a los dispuestos en la ley, ésta debe modificarse.
El portavoz del Poder Judicial, que ha exigido respeto para los jueces, ha recordado además que será el Ministerio Público el que decida si recurre o no la decisión de la Audiencia de Barcelona y ha advertido de que la vicepresidenta "no puede ordenar al fiscal" que lo haga.
