La diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPD) en el Congreso, Rosa Díez, ve en el Manifiesto por una Lengua Común la reivindicación "de mayor calado" desde la Transición, habida cuenta de la multitud de adhesiones que está recibiendo desde su presentación por parte de una veintena de intelectuales, entre ellos Mario Vargas Llosa, Fernando Savater o José Antonio Marina.

Así lo ha asegurado Díez en rueda de prensa en la Cámara Baja, en la que ha informado de la proposición de ley que el Grupo Mixto, a instancias de UPD, ha registrado en el Congreso para prevenir y erradicar la discriminación lingüística y asegurar la libertad de elección de lengua.

Díez se ha centrado en ensalzar, además de la gran cantidad de firmas que el Manifiesto por la Lengua Común está recibiendo, la "calidad" de las personalidades de todos los ámbitos políticos y sociales que ya lo han suscrito. De hecho, ha llegado a decir que una reivindicación así no ha tenido tantas adhesiones desde la Transición.

"Habrá quien diga que no pasa nada, pero hay una movilización de un amplio espectro de personalidades que están detrás" de este manifiesto, al que, entre otros, se ha sumado el PP y varios medios de comunicación, ha afirmado la líder de UPD.

La ex eurodiputada socialista ha subrayado la importancia de llevar al Pleno del Congreso un debate "que está en la calle" y que espera que sea tratado "con la seriedad" que merece y sin que se niegue "la evidencia". Esta iniciativa no podrá debatirse, en principio, hasta después del verano, cuando el Congreso retome su actividad ordinaria.

Características de la ley

Eso sí, Díez ha querido dejar claro que la presentación de esta iniciativa, que responde a uno de los compromisos principales de su programa electoral, no busca sustituir el manifiesto en favor del castellano que se dio a conocer recientemente, sino que sólo pretende sumar para que se garantice por ley cosas que son "obvias".

La nueva ley de rango orgánico que propone UPD consta de siete artículos y tiene su base en el artículo 149 de la Constitución, que fija como competencia exclusiva del Estado la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales.

Entre otras cosas, el texto, que cita como antecedente la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres aprobada en la anterior legislatura, persigue que todo el mundo goce de libertad a la hora de elegir el idioma en el que estudian sus hijos y la lengua en la que se dirigen a las administraciones públicas. Además, busca garantizar que la no discriminación lingüística en el acceso a los empleos de la administración.