La Iglesia Católica tendrá influencia en España "en la medida" en que tenga más seguidores. El PSOE ha dado a la jerarquía eclesiástica un golpe firme y seco. Este mismo jueves, el secretario de Organización socialista, José Blanco, ha aconsejado a esta institución (azorada por vencer en la batalla por la X de la declaración de la Renta) que cultive "a la gente para que siga sus planteamientos".

En declaraciones a Telecinco, el dirigente socialista ha asegurado que la revisión de la Ley de Libertad Religiosa que ha anunciado el Gobierno no pretende "agredir a nadie" ni "imponer nada", sino "buscar espacios que garanticen la libertad de creencia de cada persona" después del proceso de "mestizaje" que ha vivido España.

De hecho, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quiere incluir en la agenda política de esta legislatura el avance de España hacia un Estado más laico. Poco a poco, el monopolio del catolicismo se discute, a pesar de que esta confesión recibe del Estado casi 4.000 millones de euros cada año.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado esta semana en el Congreso de los Diputados la intención del Ejecutivo de reformar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa para "adecuarla a las nuevas circunstancias y al pluralismo religioso" que caracteriza a "la España de hoy".

De la Vega justificó ante la Comisión Constitucional de la Cámara Baja esta pretensión del Gobierno por la "necesidad de avanzar en la condición de laicidad que la Constitución otorga al Estado".

Este viernes la vicepresidenta primera ha vuelto a asegurar que el objetivo de la reforma es "amparar y cobijar a todos" y garantizar la libertad de conciencia, sin "ir contra nadie". En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega ha incidido en que "no se trata de una reforma pensada contra nadie", por lo que no teme "ninguna confrontación con nadie, y menos, con la Conferencia Episcopal".

La derecha, en contra

Los planes del gabinete socialista van a encontrar un importante obstáculo a salvar en Génova 13. El secretario general del PP en el Congreso, José Luis Ayllón, ya ha pedido al Gobierno que "se deje de una vez por todas de cerrar iglesias" y se ocupe de "solucionar" los problemas de los españoles.

El número tres de Mariano Rajoy ha asegurado que el compromiso en favor del "laicismo" lanzado por De la Vega sólo es una "cortina de humo" para ocultar la crisis económica. A su juicio, el Ejecutivo "vuelve a otra vez a las cortinas de humo de replantearse el papel de la Iglesia en España y las relaciones Gobierno-Iglesia", algo que hace siempre que hay problemas económicos, como el aumento de los precios o el desempleo.

El portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso, Federico Trillo, también ha expresado el rechazo de su grupo a la propuesta del Gobierno, porque no quiere que posibles cambios en la norma sean "un pretexto" contra creencias como la católica.

El resto de grupos todavía no se ha pronunciado sobre esta medida pero ya se atisban algunas posiciones. Por ejemplo, el BNG ha presentado en el Congreso una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a iniciar conversaciones con representantes de la Iglesia tendentes a modificar y revisar los Acuerdos suscritos con la Santa Sede en 1976 y 1979, y adecuarlos al carácter aconfesional del Estado español.

Nerviosismo cristiano

Tampoco guarda silencio la Conferencia Episcopal, aunque el arzobispo de Burgos, Francisco Gil Hellín, ha explicado que espera que la reforma de la Ley de Libertad religiosa anunciada por el Gobierno "consagre" esa libertad y no se convierta en un instrumento contra los seguidores de la fe mayoritaria en España

Además, el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) apuntó este jueves a la vicepresidenta de Gobierno que la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LORL) de 1980 ya contempla el pluralismo religioso y teme "otros objetivos", según explicaron los responsables.

"O bien la señora De la Vega no ha leído la LOLR, o la pretensión de una reforma para seguir avanzando en la laicidad esconde otros objetivos que deben ser declarados a todos los españoles", aseguró el presidente del OLRC, Marcial Cuquerella.

El presidente de la Asociación Española de Canonistas y profesor de la Universidad de Navarra (UNAV), Jorge Otaduy, advirtió este domingo que los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español son "de aplicación preferente" a la Ley de Libertad Religiosa. Por ello, la reforma anunciada el miércoles por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afectaría "de modo más bien colateral" a la Iglesia Católica.

En declaraciones a Europa Press, Otaduy manifestó que el anuncio responde "a razones de marketing político y no a sinceras preocupaciones de protección de los derechos de las personas" y aclaró que se pueden "extender derechos", pero "no se requiere" una nueva Ley Orgánica de Libertad Religiosa.

"No hace falta una nueva ley -continuó el canonista- para que, por ejemplo, aparezca en la declaración del IRPF una casilla a disposición de otras confesiones distintas a la católica o para reconocer exenciones fiscales a un determinado grupo religioso". Así, dijo que el marco de la legislación actual es "tan amplio", que "admitiría cualquier reforma tendente a la mejora de la situación de las confesiones religiosas".