El agua enfrenta a la Generalitat de Cataluña con el Gobierno central, amenaza con dividir el tripartito catalán y podría hasta poner en contra de Barcelona a las demás provincias y comarcas de la autonomía.

La sequía agosta los pantanos de la zona y el consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, ha propuesto un trasvase desde el Segre al Llobregat como solución. No obstante, el primer río, afluente del Ebro, depende del Estado y La Moncloa no está dispuesta a acceder a las peticiones de la Generalitat.

Justo en 2004, el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero derogó el trasvase del Ebro y ahora no quiere aprobar una obra muy parecida, para favorecer así a Barcelona. "No ha habido trasvase del Ebro ni lo habrá", zanjaba el pasado viernes la vicepresidenta primera del Gobierno en funciones, María Teresa Fernández de la Vega.

El conseller Baltasar afirmó este domingo que "no puede creer" que la postura expresada por la vicepresidenta del Gobierno contra el trasvase del Segre sea "razonada, clara y estable".

También ha censurado las palabras de De la Vega, el presidente de ICV, Joan Saura, "Absolutamente irresponsable", "frívola" y de una "enorme deslealtad", calificó la negación del Gobierno central al trasvase del afluente del Ebro.

El "Gobierno no se opone con carácter general a los trasvases", sino a los "trasvases de agua que resultan insostenibles desde el punto de vista económico, social y medioambiental", aseguraba De la Vega tras el Consejo de Ministros.

De hecho, el Ejecutivo prefiere enviar agua a Barcelona desde Tarragona, Marsella y hasta Almería, en operaciones mucho más caras que la del trasvase del Segre.

En cualquier caso, las reservas de agua de Cataluña apenas constituyen la mitad que hace un año, aunque las lluvias y la nieve de las últimas semanas han librado a Barcelona de la sequía hasta después del verano.

Resquemores vecinales

Este proyecto no se ha granjeado muchos apoyos en Lleida y Tarragona. En Girona, incluso, comienzan a escucharse voces que reclaman que el agua del Ter se quede en la provincia.

Asimismo, Valencia y Murcia, dos de los bastiones del PP en el Mediterráneo, y bases del nuevo partido que quiere construir Mariano Rajoy, se oponen al proyecto y denuncian un agravio comparativo, mientras que una autonomía socialista como Aragón también quiere frenar el trasvase.

De hecho, el PSC rechazó esta semana que se esgriman "razones legales" para dejar sin agua potable a 5 millones de ciudadanos en Cataluña y cree que "sería una mala manera de celebrar" la Exposición Internacional 2008 en Zaragoza si, por su Estatuto, se deja sin agua a personas que viven a 300 kilómetros de distancia.

El portavoz del PSC, Miquel Iceta, replicó de esta forma a las declaraciones en Poblet (Tarragona) del presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, que afirmó que debería ser el Consejo de la Cuenca del Ebro el que se pronuncie sobre el proyecto de captación de agua del Segre que planea el gobierno catalán, y que, en todo caso, Aragón se opone a cualquier trasvase porque así lo estipula su Estatuto de Autonomía.

"Mientras gobernemos nosotros (en Cataluña), cinco millones de personas no se quedarán sin agua", avisó Iceta. En rueda de prensa se refería así, a preguntas de los periodistas, sobre las diferencias entre los presidentes de la Generalitat y de Aragón, José Montilla y Marcelino Iglesias, respectivamente, así como entre el Gobierno catalán y el central, sobre esta cuestión.

Más enemigos

La polémica del Segre podría resquebrajar también los cimientos de un tripartito ya golpeado por los resultados de ERC en los comicios del 9-M.

El secretario general de los republicanos y candidato a presidir este partido, Joan Puigcercós, opina que trasvasar agua del Segre hacia el área metropolitana de Barcelona "no es una buena solución" y apuesta por tomar otras "medidas de excepcionalidad".

"El Estatut aprobado por el Parlament hablaba de la coordinación entre comunidades que comparten cuencas hidrográficas, pero el recorte del Congreso ha dejado esto en manos de Madrid", recalcó Puigcercós, consciente de que su partido necesita recuperar una identidad propia y mimar su granero de votos, enarbolando la bandera ecologista.

Las críticas también provienen de los competidores directos del actual Ejecutivo autonómico, como en el caso de CiU. El diputado y ex conseller de Medio Ambiente Ramon Espadaler ha asegurado este martes que los trasvases en cabecera, como el que quiere llevar a cabo el gobierno catalán en el río Segre, constituyen "un atentado ecológico", ya que no son sostenibles ni ambiental, social ni económicamente.

Por su parte, el coordinador general de EUiA, Jordi Miralles, ha culpado a Baltasar (ICV) de generar "rebote territorial" y "desconfianza" con su política informativa sobre el trasvase del Segre.

La federación Ecologistas de Cataluña también ha anunciado que denunciará a la Generalitat ante la fiscalía de Medio Ambiente por presuntos delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y de abuso de poder, en caso de que lleve a cabo el trasvase de agua del río Segre a la cuenca del Llobregat.

De esta forma, tanto el tripartito catalán como Barcelona tendrán que manejarse con suma cautela para no generar desconfianzas, además de conseguir agua para paliar una hipotética sequía.