La reunión convocada en el Congreso para buscar una respuesta unitaria al atentado perpetrado por ETA ha sido aprovechada por el PP para buscar la inclusión en el manifiesto de dos exigencias políticas: no negociar con ETA y revocar la resolución de 2005 que permitía los contactos entre el Gobierno y la banda terrorista.

Ignacio Astarloa, portavoz del grupo popular ante los medios, ha manifestado su acuerdo con el documento, pero ha asegurado que su grupo solicitó que se incluyeran dos añadidos al manifiesto: "el compromiso de que nunca se negociará con ETA y la revocación de la resolución aprobada en 2005", que a juicio del PP, "quedó vigente al finalizar la legislatura".

Ninguno de los partidos con representación parlamentaria, sindicatos y patronal apoyaron la propuesta, como ha reconocido el propio Astarloa. Además, ha querido lanzar un mensaje a los terroristas: "Vamos a por ellos con toda la fuerza de la ley del estado de derecho, lo único que pueden esperar de España es ser derrotados y hacerles saber que nunca nadie va a sentarse con ellos a negociar ningún precio político".

El dirigente popular ha asegurado que estas exigencias ya "se solicitaron en el comunicado que se acordó tras la muerte de los dos guardias civiles en Capbreton a manos de ETA, pero tampoco se respaldaron, extremo que lamentamos porque lo consideramos esencial".

Por su parte, José Blanco, representante del grupo parlamentario socialista, ha leído parte del comunicado en el que asumen "esta nueva víctima como propia". Además, ha añadido que están "dispuestos a responder de forma firme y rotunda. A defender la libertad y derrotar a ETA con el estado de derecho".

Por último, ha sido contundente al decir que los terroristas "nunca conseguirán nada, sólo les espera la aplicación de la ley, la acción de la policía y el ejercicio de la justicia". "Las elecciones se convertirán en una nueva victoria de libertad. No torcerán la voluntad de los ciudadanos", matizó.

Las fuerzas políticas con representación parlamentaria y los agentes sociales consideran el asesinato de Carrasco "un doble desafío a la democracia y a las libertades" por tratarse de un trabajador que además había sido un "representante de los ciudadanos" como concejal en Arrasate-Mondragón (Guipúzcoa).

Todos ellos han apoyado una concentración en esta localidad que tendrá lugar el próximo lunes, un día después de las elecciones generales, y han reafirmado su convencimiento de que al terrorismo "sólo se le puede combatir y derrotar con la unidad de los demócratas y con la fuerza del Estado de Derecho".

Los nacionalistas e IU

Gaspar Llamazares, portavoz de IU ante los medios, ha asegurado que su formación "respalda el comunicado de la A a la Z, sin entrecomillas ni peros", en una clara alusión a la posición del PP. "Acudiremos a la movilizaciones unitarias y se equivocará quien piense que es momento de pasar factura políticas. Quién cree fisuras en la unidad se arrepentirá de ello", ha concluído el dirigente.

El candidato de ERC al Congreso, Joan Ridao, se ha desmarcado de cualquier ambigüedad cuando ha afirmado que "no ha sido posible declaración conjunta porque el PP no lo ha querido así, aunque la reunión ha sido cordial". El portavoz de CiU ante los medios, Josep Sánchez Llibre, ha afirmado que su formación "respalda totalmente el comunicado" y que CiU "no ha utilizado nunca el terrorismo y menos lo va a hacer ahora".

Josu Erkoreka, candidato del PNV al Congreso, ha confirmado que su partido "está de acuerdo con el comunicado" y anima a los votantes a que den una lección a ETA con sus asistencia a las urnas: "Cada voto será un acto de condena a ETA".

Otros asistentes a la negociación del comunicado unitario han sido Cándido Méndez y José María Fidalgo, de UGT y CCOO respectivamente; varios representates del Grupo Mixto como Francisco Jonquera, de BNG; Luis Mardones, de CC, Juan Campos de CHA y Begoña Lasagabaster de EA. Carlos Pérez de Bricio, vicepresidente de la CEOE, también ha asistido a la negociación previa.