La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a que el juez Baltasar Garzón investigue las denuncias presentadas por familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil en la zona controlada por el bando nacional y pide que se archiven porque no hay razón jurídica para iniciar un procedimiento.

En un escrito dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, la Fiscalía explica que estas denuncias incluyen la calificación de los hechos como delitos de lesa humanidad sobre los que sólo se podría aplicar el Código Penal que entró en vigor en octubre de 2004 "si pudiera establecerse que se trata de una norma más favorable".

Para ello, añade, tendría que existir una norma que contemplara una sanción por esos hechos en el tiempo en el que sucedieron y en el Código español "no existía en aquel momento" ninguna que estableciera una sanción para los delitos descritos de la misma forma en la que aparecen en el Código Penal actual.

30.000 desapariciones

La Fiscalía cita una sentencia del Tribunal Supremo del 1 de octubre de 2007 sobre el ex militar argentino Adolfo Scilingo, que establece que nadie puede ser condenado por acciones que en el momento de producirse "no constituyan delito o falta, según la legislación vigente en aquel momento".

Tampoco se podría aplicar el Derecho Internacional Penal porque en los años treinta no existía el concepto de crímenes de guerra ni de lesa humanidad, que apareció a raíz del holocausto judío en la Alemania nazi.

Asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo han presentado hasta ahora ocho denuncias en el juzgado de Garzón por diferentes casos en Navarra, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, Andalucía y un caso individual de un diputado socialista, y, de forma genérica, han denunciado la desaparición de unas 30.000 personas.