El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha citado a los ex ministros de Defensa Federico Trillo y José Bono a declarar como testigos en la causa en la que investiga la contratación del avión Yak-42 que se estrelló en Turquía en mayo de 2003.

Así lo han informado fuentes jurídicas, que han añadido que aunque la citación es para el próximo 14 de febrero, el magistrado -que había archivado la causa el pasado mes de junio, pero al que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó el pasado martes seguir investigando- ha dado a los dos ex ministros la posibilidad de declarar por escrito.

El cabeza de lista del PSOE por Toledo ya ha asegurado que acudirá en persona a declarar en la Audiencia Nacional porque desde "ayudar a la Justicia a esclarecer todo" y no quiere "privar a las partes" de la posibilidad de preguntarle.

El anterior titular de Defensa señaló que todavía no ha contestado a la citación del juzgado que dirige Fernando Grande-Marlaska porque no ha recibido de momento la providencia pero incidió en que su deseo es colaborar para conseguir el esclarecimiento de los hechos.

Quienes tendrán que acudir obligatoriamente a la sede del tribunal son otras cinco personas citadas para el día anterior como testigos a petición de la asociación de familiares de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42.

Por el lado contrario, el ex ministro de Defensa Trillo prestará declaración por escrito.

Evitar el siniestro

Las diligencias acordadas por Grande-Marlaska responden al auto en el que, el pasado martes, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional consideró que el juez se precipitó al archivar la investigación sobre el accidente del Yak-42 en la parte relativa a la contratación del avión y le ordenó que siga investigando para el completo esclarecimiento de los hechos.

En su resolución el tribunal sostenía que la seguridad del vuelo en el que fallecieron los 62 militares cuando regresaban de Afganistán el 26 de mayo de 2003 estaba "seriamente comprometida" por varias carencias que deben ser investigadas para depurar las eventuales responsabilidades, ya que "nadie de los obligados a ello" actuó para corregirlas a tiempo y evitar el siniestro.

La Sala estimaba así los recursos presentados por los familiares de los militares fallecidos contra la decisión de archivar la investigación tomada por Grande-Marlaska el pasado 1 de junio y le ordenaba reabrir la causa para depurar, en su caso, "las responsabilidades en que pudieran haber incurrido los presuntos responsables por omisión de la diligencia y control debidos".