"Estamos ante una segunda parte de lo que fue el Plan Ibarretxe, y su destino será el mismo, y es que no será aprobado ni puesto en práctica".

Así de tajante se mostró el martes el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras la reunión que mantuvo con el lehendakari, Juan José Ibarretxe, durante dos horas en La Moncloa.

El lehendakari, quien no se dio por enterado de la negativa del presidente, continuó con su argumento de que la legalidad de su propuesta de "consulta" no admite discusión, y para ello se amparó en la ambigüedad del artículo 149 de la Constitución, que dota al Estado de la competencia de "las consultas populares por la vía del referéndum".

"Las propuestas son totalmente legítimas, porque el artículo 149 de la Constitución habla de referéndum pero no de consultas (no vinculantes)", explicó Ibarretxe, antes de asegurar que "estamos en el inicio de un camino y en el primer paso de una negociación".

Tenga razón o no el lehendakari, lo cierto es que el "inicio" de este "camino" viene ya de lejos. Quizás no sea menester remontarse a los 7.000 años de existencia del pueblo vasco en los que basó su argumentación Ibarretxe este martes. Pero sí que hay que mirar como mínimo a septiembre de 2002, cuando el lehendakari planteó en el pleno de política general su idea de un "nuevo pacto político", basado en la libre asociación del País Vasco al Estado, de manera que en esta comunidad se llegue a una situación de "soberanía compartida" entre el País Vasco y España.

A diferencia de la propuesta de "consulta" soberanista planteada por Ibarretxe el pasado 28 de septiembre, el lehendakari pretendía en 2002 seguir los cauces reglamentarios para lograr plantear su referéndum.

Entonces, como ahora, Ibarretxe veía esta propuesta como un asunto que sólo incumbía a la sociedad vasca, por lo que estaba dispuesto a continuar con su plan a pesar de que las Cortes Generales lo rechazasen -como hicieron en febrero de 2005-, y el resultado tuviese "validez política aunque no jurídica". Y eso —seguir adelante con o sin el apoyo de las Cortes— es precisamente lo que ha decidido hacer ahora Ibarretxe de manera abierta.

Otro matiz diferenciador de aquel "Plan Ibarretxe" y de esta "nueva versión" -como este martes lo denominó Zapatero- es que el referéndum planteado entonces requería la ausencia de la violencia. En octubre 2007, y a pocos meses de que ETA haya roto su "alto el fuego permanente", Ibarretxe ha superado esta dificultad argumentando que "no acepta "que sea la banda quien tenga un interruptor para encender y apagar la esperanza de la sociedad vasca".

Largo proceso

Así, en septiembre de 2003, el lehendakari expuso en el Parlamento Vasco las líneas generales de su "plan de libre asociación", basadas en una negociación con el Estado sobre un nuevo Estatuto vasco -que sustituyese al de Gernika- y que concluiría con un referéndum en la sociedad vasca.

Este diálogo con el Gobierno es, cuando menos similar, al "camino" del que Ibarretxe habló el martes tras su encuentro con Zapatero y que, tal y como anunció, prevé culminar con un referéndum vinculante en 2010.

En octubre de 2003, el Gobierno Vasco aprobó la propuesta de nuevo "Estatuto Político de libre asociación con el Estado español". El texto articulado, basado en la existencia de un "Pueblo Vasco con identidad propia" que "tiene derecho a decidir su futuro", materializaba este concepto en un referéndum.

Tras sendas aprobaciones -de la Cámara y del Ejecutivo autonómico-, y tras enfrentarse a recursos contenciosos-administrativos, a manifestaciones masivas, a conflictos con Navarra, a enmiendas a la totalidad e, incluso, a una reforma del Código Penal que tipificaba como delito la convocatoria ilegal de referendos, la Mesa del Congreso decidió en enero de 2004 que el Plan Ibarretxe cumplía los requisitos formales para ser debatido.

Entonces, como ahora, el ya presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguraba que mientras estuviese al frente del Ejecutivo jamás se aprobaría ni se aplicaría el Plan propuesto por el lehendakari.

El 1 de febrero de 2005, el Congreso rechazó la toma en consideración de la propuesta de reforma del Estatuto de Gernika planteada por Ibarretxe y aprobado por el Parlamento Vasco.

Ibarretxe, infatigable, convocó entonces elecciones autonómicas un mes antes de lo previsto con un objetivo claro: conseguir la mayoría absoluta en el Parlamento vasco para "obligar a Madrid a negociar" su plan.

No lo logró, pero dos años después el lehendakari lo sigue intentando.