El lehendakari, Juan José Ibarretxe, ha anunciado que su referéndum soberanista será el 25 de octubre de 2008, fecha en la que se conmemora el Día del Estatuto de Gernika.
"La sociedad vasca tiene la llave democrática capaz de abrir un nuevo ciclo histórico que traiga la paz y la normalización política", afirmó el lehendakari, quien desde las nueve y media —y durante más de dos horas— habló en el pleno de política general en el Parlamento Vasco que abre el curso político autonómico.
Hoja de ruta
Con el objeto de que la consulta soberanista llegue a buen fin, el lehendakari ha planteado que el primer paso de su "hoja de ruta" es una oferta al presidente del Gobierno español para alcanzar un "pacto político entre Euskadi y España sobre dos principios: el principio ético de rechazo a la violencia y el compromiso de incorporar el resultado de la consulta y y su ejercicio en el ordenamiento jurídico".
El segundo paso se daría en el Parlamento Vasco, con la celebración de un pleno en junio del próximo año para ratificar ese hipotético acuerdo con el Gobierno español, basado en el "rechazo a la violencia" y en el "respeto a la voluntad de la sociedad vasca" para decidir su futuro, y para que autorice la realización de la consulta para la ratificación del pacto.
Ibarretxe anunció que si el Parlamento no ratifica el supuesto acuerdo con el Estado o no autoriza la convocatoria de la consulta, disolverá la Cámara y convocará elecciones en otoño del próximo año.
No obstante, el lehendakari advirtió al Gobierno de que "no utilice a ETA como excusa política para impedir que el pueblo vasco recorra su propio camino".
Nuevo Mesías
Las primeras reacciones al anuncio de Ibarretxe no se han hecho esperar. El primero en pronunciarse ha sido el portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, quien ha calificado a Ibarretxe de Mesías.
"La propuesta de Ibarretxe es un esperpento [...], ha nacido un nuevo Mesías en Llodio", afirmó Pastor.
Por su parte, el líder del PP, Mariano Rajoy, afirmó que referéndum propuesto por el lehendakari "es ilegal", idea que ha reforzado el secretario general del PP, Ángel Acebes, quien ha culpado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de dar alas a los "desafíos nacionalistas".
IU remarcó que el fin definitivo de la violencia sólo llegará "siguiendo las normas que marca el Estado de Derecho, sin atajos" y "teniendo en cuenta el cese definitivo" de la actividad armada de ETA.
La presidenta del PP vasco, María San Gil, aseguró que la consulta "habilitadora" que ha propuesto el lehendakari es "una consulta ilegal" y acusó a Ibarretxe de "dar oxígeno a ETA" con sus planteamientos "ultranacionalistas que son un "claro desafío" a la democracia española.
Más claro incluso fue el secretario general del PSE-EE, Patxi López, que agregó que ahora entendía por qué se ha ido el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, contrario a la consulta.
Una idea con siete años
La idea del referéndum soberanista de Ibarretxe colea desde hace más de siete años. Fue el 23 de marzo de 2000 cuando el lehendakari lo planteó en una conferencia en el Club Siglo XXI, en Madrid. Allí abogó por "el reconocimiento expreso del derecho de los vascos para decidir libre y democráticamente su propio futuro", que debería ser ratificado mediante referéndum.
La idea se concretó en un debate celebrado en el Parlamento en septiembre de 2002, cuando Ibarretxe planteó un "nuevo pacto político" basado en la libre asociación del País Vasco a España.
Entonces expresó su intención de convocar una consulta popular que ratificara ese nuevo pacto y aclaró que se haría en ausencia de violencia y sin exclusiones.
Un año después, Ibarretxe, también en el Parlamento, avanzó las líneas maestras de lo que luego se vendría a llamar el Plan Ibarretxe, el proyecto de Nuevo Estatuto Político que el Gobierno de Vitoria aprobó el 25 de octubre de 2003, en el que se proponía dotar a la Cámara autonómica de la competencia para "regular la realización" de referendos.
La posibilidad de que el lehendakari convocara una consulta pese a no tener competencias para ello llevó al Gobierno del PP a promover una reforma del Código Penal que tipificaba como delito este tipo de convocatorias, con la previsión de penas de hasta cinco años de cárcel.
Esta reforma finalmente quedó en nada en abril de 2005 cuando el Congreso la derogó, según el dictamen de la Cámara, porque una convocatoria de una consulta ilegal carecía de la "suficiente entidad como para merecer el reproche penal y aún menos si la pena que se contempla es la prisión".
Ese mismo año 2005, el 1 de febrero, el Congreso había rechazado el Plan de Ibarretxe quien, en una intervención histórica ante la Cámara Baja, anunció que si —como ocurrió— no se tramitaba su propuesta "trasladaré la palabra al pueblo".
