Quince organizaciones han exigido este jueves al Gobierno y a todos los partidos políticos que adopten una ley de acceso a la información pública que cumpla los estándares europeos e internacionales y garantice la transparencia del Ejecutivo y las Administraciones Públicas.
Con ocasión de la celebración el viernes del Día Internacional del Derecho a Saber, los organismos que forman la Coalición Pro Acceso han denunciado, que a pocos meses del final de la Legislatura el Gobierno no ha cumplido la promesa electoral de adoptar una ley que regule ese derecho.
El derecho de acceso a la información, reconocido como derecho humano por el derecho internacional, conlleva que cualquier persona pueda solicitar información a cualquier organismo o entidad pública o a cualquier entidad privada que realice funciones públicas, sin necesidad de justificar los motivos o el uso que se le va a dar.
Según esta organización, de los países de la Unión Europea con más de un millón de habitantes, España y Grecia son dos únicos que no tienen una ley específica que regule este derecho.
Peticiones desoídas
Los portavoces de la Coalición Pro Acceso, de la que forman parte organizaciones como Amnistía Internacional, Greenpeace o CECU, explicaron que ya se han dirigido en varias ocasiones al Ejecutivo con este motivo pero todavía no ha recibido una respuesta.
La abogada de Access Info Europe, Eva Moraga, afirmó que todos los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se toman las decisiones dentro de cualquier Administración Pública y a conocer cómo se gasta el dinero de los contribuyentes.
"Una ley de este tipo debe ser prioritaria para todo partido político y Gobierno que esté verdaderamente comprometido en la lucha contra la corrupción", añadió.
La directora de Campañas y Estudios de Intermón Oxfam, Marta Arias, explicó que se trata de un instrumento imprescindible para que las organizaciones sociales puedan ejercer su labor.
De manera similar se expresó el responsable de Comunicación de Amnistía Internacional, Miguel Ángel Calderón, quien indicó que una ley de acceso a la información pública es necesaria para la defensa de los derechos humanos.

