"La figura del interventor es una decisión administrativa y burocrática adoptada por el Rey para mejorar el funcionamiento interno de la institución, no tiene más trascendencia". Con este escueto argumento ha explicado un portavoz de la Casa Real a ADN.es la finalidad del nuevo cargo -el de interventor- creado por el Monarca para gestionar las cuentas del organismo.

Sin embargo, para los grupos políticos críticos con la "falta de transparencia" de los gastos regios -encabezados por ERC e IU-ICV-, ni en esta explicación, ni en la base legal que la sustenta, se responde a sus demandas.

Según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de ayer -lunes 27 de agosto de 2007-, "el cargo de Interventor de mi Casa" se crea "al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo". En este apartado se concreta que "cualquier modificación de la Casa de su Majestad que no afecte a la Administración pública, y a tenor de lo previsto en el artículo 65 de la Constitución, será resuelta libremente por S.M. el Rey".

Con este criterio, Juan Carlos de Borbón dispone de los 8,28 millones de euros -frente a los 8,05 millones de 2006- que recogen los presupuestos generales del Estado de 2007 para gastos de la Casa Real y que no necesitan ser justificados. A esta partida cabe sumarles otros 5,82 millones en concepto de "apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado", o los gastos del Rey y de su familia asumidos por los diversos ministerios, si bien no se conoce con exactitud el coste total anual de la institución.

Absoluta opacidad

"No se sabe nada de nada, nadie tiene acceso a ninguna información sobre la Casa Real ni se aceptan preguntas por parte de la Mesa del Congreso [...], el nombramiento del interventor demuestra que todo empieza a moverse, pero estamos muy lejos de lo que debería ser una democracia", afirma el diputado de ERC, Joan Tardá.

Su grupo, uno de los más activos en este sentido, presentó el pasado 13 de abril una propuesta no de ley en el Congreso con la que se instaba al Gobierno a presentar, en el primer trimestre de cada año natural, la liquidación presupuestaria pormenorizada del ejercicio anterior relativa a la Jefatura del Estado y la Casa Real. Ante el rechazo parlamentario, ERC puso el asunto en manos del Tribunal Constitucional.

"Si existe algún agujero negro en nuestra democracia es la Casa Real, ya que nada justifica esta opacidad ni esta falta de control", reitera Tardá.

Un paso más allá se sitúa IU-ICV. Su portavoz parlamentario, Joan Herrera, sitúa la figura del interventor en una curiosa contradicción, ya que a su juicio "es positivo, porque el Monarca responde a una demanda de transparencia", pero "es preocupante, ya que se corre el riesgo de oficializar la opacidad".