Hay un tipo barbudo junto a una pizarra. Está en medio de la calle y se dirige a una reducida audiencia compuesta por hombres y mujeres que replican y matizan sus observaciones. En el encerado, una cifra de 400 millones de las antiguas pesetas destaca sobre todo lo demás. El de la barba resulta ser un alcalde, el de la localidad sevillana de Marinaleda; sus interlocutores son sus paisanos y la cifra millonaria es el presupuesto con el que cuenta el pueblo hoy en día.

Han pasado cerca de tres décadas entre esta escena y las primeras municipales de la actual democracia española. En 1979, las tierras que los marinaleños debían trabajar estaban en manos de un terrateniente que, con suerte, les proporcionaba un mes de trabajo al año que no les daba ni para un mendrugo de pan.

En este escenario, propio de la España de la posguerra, se gestó el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), que tenía como consigna la unidad de los trabajadores contra el poder establecido. "Era necesario que los más pobres se enfrentaran a los ricos [...], los que no tenían ni palabra debían recuperar lo que la burguesía les había robado", explica a ADN.es Juan Manuel Sánchez Gordillo, líder del SOC y alcalde de Marinaleda desde esos primeros comicios.

Comienza la Utopía

Dicho y hecho. Sánchez Gordillo y los suyos pusieron en marcha una asamblea formada por los trabajadores con el objeto de involucrar a todos los lugareños en las decisiones del pueblo.

En este órgano de poder colectivo se decidían las fincas que se debían expropiar a los caciques, se priorizaban las necesidades de la población o se perfilaba el presupuesto del Ayuntamiento. "La asamblea es una especie de Parlamento obrero que fija las normas que rigen nuestra comunidad", matiza Sánchez Gordillo.

Poco a poco, las tierras que hasta ese momento se concentraban en un individuo comenzaron a expropiarse, a municipalizarse y a ponerse al servicio de los más pobres..., que eran todos. "Cuando los campesinos dispusieron de tierras para trabajar, comenzamos a potenciar la industria", explica el alcalde.

Objetivo: la vivienda

Una vez que se logró capacidad de decisión y trabajo para todos, la asamblea centró sus esfuerzos en las necesidades sociales y, concretamente, en la vivienda. Ningún campesino podía quedarse sin techo, para lo que recurrieron a una curiosa fórmula aún vigente.

El Consistorio proporcionaba a los trabajadores suelo municipalizado, materiales, albañiles y un proyecto asesorado por arquitectos y controlado por la asamblea. Estos ingredientes, sumados al trabajo del "autoconstructor" y futuro inquilino, permitirían a todos los cabezas de familia disponer de una casa por un precio irrisorio —15 euros al mes en concepto de hipoteca—. "El problema de la vivienda se podría solucionar si el 80% del suelo fuera público, porque el 62% del precio es, precisamente, el valor de ese suelo", argumenta Sánchez Gordillo.

Casi tres décadas después de los inicios de esta experiencia, las cerca de 3.000 personas que viven en la actualidad en Marinaleda siguen decidiendo los designios de su comunidad y su opinión sigue primando sobre la de los políticos. Son pocos los que discrepan con el sistema —entre el PSOE y el PP suman tres de los once escaños totales— y, según los detractores de Sánchez Gordillo, no se atreven a decirlo en público porque el pueblo se les echa encima.

Experiencia única

Esta experiencia, "única en Europa" según su alcalde, es la heredera más fiel de un movimiento democrático y social nacido en Brasil en la década de los 70 —y que encontró su cenit en 1988 en la ciudad de Porto Alegre —.

La tendencia de la democracia participativa proviene de Brasil

Sin embargo, son muchos los gobiernos locales que, dentro y fuera de nuestras fronteras, han intentado dotar a los ciudadanos de mecanismos de participación.

Grandes ciudades como Barcelona (1,6 millones de habitantes), Sevilla (más de 700.000), Málaga (550.000), Murcia (más de 400.000), Córdoba (300.000 habitantes), Vitoria (230.000) o San Sebastián (183.000); medianas como Albacete (165.000); o pequeñas localidades como la barcelonesa Rubí (61.000 habitantes), la cordobesa Puente Genil (31.000) o la sevillana Cabezas de San Juan (15.500) , entre otras, han intentado con mayor o menor fortuna implicar a todos los vecinos en la toma de decisiones.

Fuera de España, a parte de la ya mencionada Porto Alegre , ha habido proyectos participativos importantes en Chile (en las localidades de Hualpén, Maipú o El Bosque), en Argentina (en Conchalí), en Italia (en Grotemare) o en el Reino Unido (a través de todo el Estado).