El Gobierno colombiano destina fondos de la cooperación internacional al pago de recompensas por "la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley" (OAML), según un documento secreto publicado hoy.

La directiva clasificada como "secreta" que dio a conocer este jueves en Madrid la plataforma Justicia por Colombia especifica qué importe se pagará según el rango de cada responsable. Lo que el Gobierno llama las OAML agrupa a la vez las organizaciones paramilitares y los movimientos guerrilleros como las FARC, aunque el Ejecutivo del presidente Álvaro Uribe centra su represión en estos últimos.

En un párrafo del documento, que consta de 15 páginas, se indica que "el presupuesto asignado para el pago de recompensas [...] estará financiado con recursos de la Nación y otros provenientes de la cooperación económica nacional e internacional".

El abogado Mauricio Valiente, miembro de la Misión Internacional de Investigación de las ejecuciones y la impunidad en Colombia, precisó que la directiva se había hecho pública de manera parcial anteriormente, aunque por su carácter secreto y el temor a consecuencias penales aún no se había revelado el documento íntegro hasta hoy.

Valiente considera que la directiva ejemplifica "la omisión sistemática de informaciones" a la que se enfrentó su misión cuando viajó a Colombia en octubre de 2007. "Nos entrevistamos con el viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, quien nos negó que existiera una política sistemática de recompensas", relata el abogado.

La directiva, con fecha del 17 de noviembre de 2005 y calificada de "permanente", demuestra justo lo contrario. En la primera página se precisa que su objetivo es "definir una política ministerial que desarrolle criterios claros y definidos para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las OAML".

La plataforma reclama que el Gobierno español "explique y garantice los mecanismos que constaten que los fondos para la cooperación no acaben siendo usados para pagar recompensas por la captura o muerte en combate 'de cabecillas de orgsnizaciones armadas al margen de la ley".

En el documento, varias tablas establecen las tarifas: por el "máximo cabecilla de cada OAML o públicamente reconocido por su atrocidad [..] o que constituye una amenaza para la seguridad nacional" se ofrecen 5.000 millones de pesos colombianos, es decir unos 1,68 millones de euros. Por un miembro raso se ofrecen 3,82 millones de pesos (unos 1.300 euros). Pagados con dinero de las arcas del Estado y la comunidad internacional.