La Organización de Estados Americanos (OEA) acordó hoy enviar una misión de alto nivel a Europa para expresar su preocupación por la directiva de retorno aprobada por la Unión Europea (UE), que afectará a ocho millones de inmigrantes, la gran mayoría procedente de América Latina.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, encabezará esta delegación para obtener información y "buscar soluciones prácticas a través del diálogo a las inquietudes expresadas" por los países americanos.

Así lo acordó el Consejo Permanente de la OEA en una sesión extraordinaria convocada a propuesta de Perú que ha congregado a los ministros de Exteriores de Colombia, Fernando Araujo, y Perú, Jose Antonio García Belaúnde; a los vicecancilleres de Paraguay, Antonio Rivas, y México, Lourdes Arandia, y a un grupo de observadores de la UE.

En su intervención, Belaúnde mostró su preocupación por la situación de los inmigrantes y sus familias tras la aprobación de esta norma la semana pasada, y consideró que es "una contradicción" que en un mundo globalizado "se restrinja la emisión de visas, cuando la solución sería abrir las puertas a una inmigración ordenada".

El canciller peruano rechazó las "nuevas barreras" a la inmigración en Europa, en especial algunos puntos de la directiva como la detención de inmigrantes indocumentados sólo con una orden administrativa, un periodo de detención de 6 a 18 meses y la detención en centros penitenciarios corrientes.

Agregó que la OEA puede contribuir "de manera práctica a alcanzar soluciones permanentes y creativas en el tema de gestión internacional de la migración, que tengan en cuenta las perspectivas de todos los actores parte".

Por eso, propuso que Insulza "se reúna con sus contrapartes en la UE para buscar vías de solución práctica que refuercen la solidaridad, el diálogo y se corrijan algunas de las disposiciones", antes de la que normativa entre en vigor en 2010.

Belaúnde apostó por una acción conjunta entre ambos continentes para intensificar la cooperación, para prevenir y combatir el tráfico de inmigrantes, con la promoción de programas de retorno voluntario, y facilitando el intercambio de información.

La propuesta que presentó Perú tuvo el apoyo de todas las delegaciones presentes.

El canciller colombiano señaló la necesidad de que todos los países a los que afectará esta normativa "podamos entender el alcance y las perspectivas en las que se van a aplicar".

Aplaudió la decisión española de no modificar su política de migraciones "que hasta ahora hemos considerado acertada", algo que secundaron el resto de representantes en sus intervenciones.

"Tenemos interés en los temas de ilegalidad, sobre todo nosotros que tenemos un fuerte problema con el narcotráfico, pero que se trate con respeto a las personas", dijo.

El vicecanciller paraguayo señaló que el problema de la inmigración debe ser tratado "como un punto principal en la agenda principal y no como un aspecto secundario".

Mostró su "profunda decepción por la medida adoptada por la UE", que "no se corresponde con el espíritu de derecho humanitario, ni con el derecho internacional, y criminaliza la condición del inmigrante irregular a penas superiores que a criminales".

Rivas dijo que la experiencia demuestra que "las políticas de restricción de la inmigración no han funcionado anteriormente y sólo han provocado un clima propicio para prácticas xenófobas y trata de personas".

Por ello, invitó a las autoridades europeas a dialogar para revisar la normativa de retorno "antes que sus efectos entren en vigor y puedan subsanarse sus deficiencias".

Por su parte, la vicecanciller mexicana lamentó la aprobación de la directiva por considerar que "nadie puede resolver unilateralmente el problema migratorio", y consideró que "hoy más que nunca existe la necesidad de impulsar el diálogo entre naciones".

Aranda pidió que la inmigración se reconozca como un factor de desarrollo y que no se perciba al inmigrante ilegal como un delincuente, así como que se tenga en cuenta los derechos humanos, "con especial relevancia mujeres y niños".

La misión de la UE recogió el testigo de la propuesta de la OEA y manifestó su voluntad de diálogo con los representantes latinoamericanos.

El representante de la UE aseguró que los inmigrantes son bien recibidos en Europa, y que esta normativa "no criminaliza a los inmigrantes, sólo es una forma de poner un marco legislativo a la inmigración irregular".

El Parlamento Europeo aprobó el pasado 18 de junio esta directiva que entre otras medidas prevé que los irregulares puedan ser internados un máximo de 6 meses antes de su expulsión y una prohibición de retorno a la UE de hasta cinco años.