Los principales países de Latinoamérica censuraron de forma unánime la directiva de retorno de inmigrantes ilegales aprobada por el Parlamento Europeo, que algunos gobiernos calificaron de "vergonzosa", porque viola el derecho a la libre circulación y equipara a los afectados con criminales.

"Es una vergüenza lo que ha hecho Europa", denunció el presidente de Ecuador Rafael Correa, al referirse al proyecto aprobado el pasado miércoles en la Eurocámara que prevé, entre otras medidas, el internamiento de los inmigrantes ilegales por un máximo de seis meses antes de su expulsión, período que puede extenderse por otros doce en casos excepcionales.

"¿Qué habría pasado si América Latina hubiera adoptado esa directiva con los españoles que tuvieron que salir forzosamente de su país? ¿Se imaginan cuánto sufrimiento habría causado?", se preguntó el mandatario.

La norma, que recibió el visto bueno de los Gobiernos de los 27 países de la Unión Europea (UE), entrará en vigor dos años después de su publicación oficial.

El vicecanciller boliviano Hugo Fernández afirmó que el Gobierno de su país estudiará los alcances de la directriz para decidir cómo enfrentarla "de manera legal".

Hace algunos días, el presidente boliviano Evo Morales había bautizado el proyecto de la UE como la "directiva de la vergüenza" y planteó incluso la posibilidad de exigir visado a los europeos en reciprocidad, aunque Fernández se mostró partidario hoy de no tomar decisiones apresuradas.

El Senado de Uruguay también rechazó la norma comunitaria, anunció que llevará a las Naciones Unidas su repudio e invitó a los Parlamentos y Gobiernos latinoamericanos a "tomar las medidas correspondientes desde el punto de vista del derecho internacional".

El documento del Senado uruguayo subraya que la decisión europea "constituye una violación a los derechos humanos básicos y en particular al derecho de libre circulación internacional". Agrega que es "una flagrante incongruencia de la UE, que nutrió de inmigrantes a Latinoamérica y que se ha beneficiado de la capacidad de trabajo, de la honestidad y el esfuerzo" de los mismos.

Paraguay y Brasil, también en contra

La Cancillería paraguaya emitió un comunicado en el que expresó "su decepción por la medida", que consideró una "incongruencia en las intensas relaciones migratorias que los países de Europa y de América Latina han sabido desarrollar a lo largo de siglos de vinculación histórica".

El Gobierno paraguayo consideró que la norma "cuestiona los derechos fundamentales consagrados por el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea" e insistió en su intención de recurrir a diversas instancias internacionales.

El Ministerio de Exteriores de Brasil lamentó la determinación de la UE porque cree que siembra "una percepción negativa de la migración" y, además, va contra "una deseada reducción de trabas a la libre circulación de personas y una más amplia y plena convivencia entre los pueblos".

"Emigrar no es un delito"

El Gobierno de Argentina recordó que migrar "no es un delito", al lamentar los términos de la directiva de la UE en una nota de la Cancillería en la que además "rechaza el uso de conceptos tales como migración legal e ilegal". Destacó que establecer "restricciones, incluidos largos períodos de detención administrativa, e impedir la libre circulación de personas por motivos de origen étnico, religión, ideología, género, edad o calificación constituye una violación de los derechos humanos fundamentales".

Las Madres de la Plaza de Mayo pidieron por su parte a la UE que reconsidere las "salvajes" y "discriminatorias" medidas aprobadas. Al rechazo se sumaron la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y varias ONG latinoamericanas que calificaron la norma como un "escándalo" y una "verdadera declaración de guerra" contra los inmigrantes.

Mientras, la Asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui tildó la directiva del retorno de "xenofóbica, ilegítima y criminal". "La Europa de las luces se ha convertido en una Europa de las tinieblas", señaló un comunicado de la Asociación.

Por otro lado, el vicecanciller de El Salvador Eduardo Cálix dijo que los países centroamericanos buscarán, en el marco del Acuerdo de Asociación que negocian con la UE, un trato "preferencial" para sus inmigrantes, pese a la directriz. "Independientemente de las normativas que en su debido momento emita el Parlamento Europeo, estamos concentrados en lograr un mejor trato, preferencial (...) para los centroamericanos", dijo Cálix.