En 2007 fueron ejecutadas al menos 1.200 personas en 24 países, pero la cifra es mucho mayor si se suman las ejecuciones llevadas a cabo en secreto por los Estados, como ocurre en China, Mongolia o Vietnam, según revela un informe publicado hoy por la organización de defensa de los Derechos Humanos Amnistía Internacional (AI) que señala que además hay unas 27.500 personas condenadas a muerte en el mundo.
Concretamente, el número de personas ejecutadas en 2007 asciende al menos a 1.252, y las que fueron condenadas, en 51 países distintos, son un total de 3.347. Las ejecuciones se incrementaron el año pasado en varios países, como es el caso de Irán (317 personas frente a las 177 ejecutadas en 2006), Arabia Saudí (143 frente a 39) y Pakistán (135 frente a 82).
El 80 por ciento de todas las ejecuciones de que tuvo noticia Amnistía Internacional se llevaron a cabo en cinco países: China, Irán, Arabia Saudí, Pakistán y Estados Unidos. Entre éstos, Arabia Saudí fue el país con mayor número de ejecuciones per cápita, seguido de Irán y Libia.
"Levantar el velo del secretismo"
Pero lo que AI ve especialmente preocupante es que en varios países a veces se aplica la pena de muerte de forma secreta. En China, por ejemplo,donde la organización contabilizó al menos 470 ejecuciones en 2007 se considera la pena de muerte como un secreto de Estado. "Por tanto, sólo las autoridades chinas saben exactamente a cuántas personas se mató con la autorización del Estado", destaca AI en su informe.
Por este motivo, María del Pozo, responsable de campañas e investigación de AI en España, declaró que "es preciso poner fin al uso secreto de la pena de muerte, "levantar el velo de secretismo". En su opinión, dado que "muchos gobiernos afirman que las ejecuciones se llevan a cabo con el apoyo de la ciudadanía (...) ésta tiene derecho a saber lo que se hace en su nombre".
Por otro lado, Amnistía Internacional hace hincapié en su informe en que existen varios casos en los cuales las personas ejecutadas fueron condenadas "por cargos que normalmente no se consideran delitos o tras juicios injustos". En este sentido, explica en el informe los casos de cuatro hombres que murieron ejecutados --en Irán, Corea del Norte, Arabia Saudí y Estados Unidos-- en estas circunstancias.
Tendencia a la abolición de la pena capital
Asimismo, AI denuncia que en Irán, Arabia Saudí y Yemen se realizaron ejecuciones por delitos cometidos por personas menores de 18 años, "lo que constituye una violación del Derecho internacional".
Sin embargo, el documento también destaca los aspectos positivos, como es que "la tendencia hacia la abolición de la pena de muerte a escala mundial" parezca "imparable".
Así, precisa que "135 países son abolicionistas en su legislación y en la práctica desde 1990" y recuerda que a finales de 2007 la Asamblea General de la ONU aprobó por 104 votos a favor, 54 en contra y 29 abstenciones una resolución sobre una suspensión mundial de las ejecuciones.
A juicio de María del Pozo, "el hecho de que la resolución se aprobará por tan clara mayoría revela que la abolición mundial de la pena de muerte es posible". "Quitar la vida a una persona con la autorización del Estado es uno de los actos más graves en que un gobierno puede incurrir", dijo, y por ello instó "a todos los gobiernos a cumplir los compromisos contraídos en la ONU y a abolir la pena de muerte de una vez por todas".
Españoles condenados a muerte
Actualmente hay dos ciudadanos españoles condenados a muerte en el mundo, concretamente en Estados Unidos y en Yemen. Uno de ellos es Pablo Ibar, de nacionalidad estadounidense y española, y que recibió su sentencia en 2000 en Estados Unidos, confirmada en 2006 "a pesar de no haber pruebas consistentes que le inculpasen y de que el Tribunal Supremo reconociese que hubo irregularidades en el juicio", según AI.
Ahora su nuevo abogado ha interpuesto un recurso para intentar que el juicio en el que fue condenado sea declarado nulo y vuelva a ser juzgado.
