Israel prepara un eventual corte de los servicios que provee a Gaza, como los de agua, electricidad y el suministro de materias primas, en represalia al lanzamiento por milicias palestinas desde la franja de cohetes Al Kasam sobre el sur del territorio israelí.

Ésa es la principal decisión adoptada en una reunión celebrada hoy por el Gabinete de Seguridad israelí, presidido por el primer ministro, Ehud Olmert, y compuesto por miembros del Ejecutivo, responsables de los servicios de información y mandos del Ejército.

Según precisó en un comunicado la oficina de Olmert al término del encuentro, la preparación del plan trata de responder a "los continuos ataques criminales e indiscriminados (desde ese territorio palestino) contra la población civil israelí".

En el comunicado no se alude a la posibilidad de emprender una operación armada a gran escala en Gaza, que era otra de las opciones que barajaba ese gabinete, pero se advierte de que el Ejército de Israel "proseguirá con operaciones militares intensivas en la franja contra todos aquellos involucrados en el lanzamiento de cohetes y en perpetrar otras acciones terroristas".

La decisión se produce después de que responsables del gobierno como el viceprimer ministro, Haim Ramón, y el titular de Asuntos Estratégicos, Avigdor Lieberman, se mostraran partidarios de adoptar sanciones como el corte del suministro eléctrico y del servicio de agua a Gaza, o impedir el paso de las materias primas a la franja.

Barak consultó con expertos y juristas las consecuencias de una gran operación militar en Gaza

El propio ministro de Defensa, Ehud Barak, había ordenado con anterioridad a la reunión que las autoridades militares estudiasen ya las implicaciones que para el millón y medio de habitantes de Gaza tendría ese tipo de medidas. Barak había consultado, además, con expertos y juristas las consecuencias de una operación a gran escala en Gaza, de donde Israel retiró en 2005 a sus soldados y colonos pero que permanece bajo ocupación, según el derecho internacional.

La reunión del gabinete de seguridad se celebró bajo una fuerte presión de la población de Sderot -la localidad israelí más afectada por la caída de los Al Kasam-, sobre el ejecutivo de Olmert para que adopte medidas que frenen el lanzamiento de los cohetes. Mientras se celebraba la reunión del Gabinete de Seguridad, un grupo de unos 250 padres de Sderot se manifestaba frente a la Kneset, el Parlamento israelí, después de que un Al Kasam impactara esta semana cerca de una guardería de la localidad.

La oposición israelí se hizo eco de esa presión popular y la derecha nacionalista, encabezada por el líder del Partido Likud, Benjamín Netanyahu, exigió una invasión de Gaza.

La decisión del gabinete llega en medio de reuniones periódicas entre Olmert y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, y de renovados esfuerzos diplomáticos de EEUU, la Unión Europea (UE) y el Cuarteto de Madrid (EEUU, Rusia, UE y ONU), con vistas a la conferencia de paz convocada previsiblemente para noviembre por Washington.

El objetivo de la conferencia es sentar las bases para la proclamación de un Estado palestino en Gaza y Cisjordania en un proceso en el que Olmert y Abás mantienen posiciones alejadas. Olmert es partidario de presentar en la conferencia una "declaración de principios" generales en tanto que Abás defiende la necesidad de establecer un calendario para un acuerdo de paz.

La oficina de Olmert parece que trata de desvincular el posible corte de los suministros a Gaza de ese proceso negociador, al precisar en su comunicado que "el Gobierno de Israel culpa a Hamás del lanzamiento de los Al Kasam, así como de los actos terroristas cometidos fuera de la franja de Gaza".

Esa postura exime a las fuerzas de seguridad de la ANP -y a los milicianos del movimiento nacionalista Al Fatah, que lidera Abás, quien mantiene su autoridad sólo en Cisjordania-, de la responsabilidad de posibles ataques en suelo israelí.

Más allá de los cálculos políticos, las primeras reacciones a la celebración de la reunión del gabinete de seguridad apuntan hacia la denuncia de las consecuencias que un posible corte de suministros a Gaza tendría sobre la población de la franja. "Castigar de forma intencionada a la población civil de Gaza cortando el servicio de electricidad o agua es una violación flagrante del derecho internacional y no aportará seguridad a las localidades israelíes fronterizas", afirmó en un comunicado la ONG israelí Gisha, que defiende la libertad de movimientos del pueblo palestino.