Los sindicatos UGT y CCOO de las cuencas mineras de Teruel empiezan hoy un encierro indefinido en el ayuntamiento de Ariño, que continuarán hasta que entre en vigor el real decreto de ayudas al sector del carbón.

El acuerdo fue adoptado en una reunión convocada por ambas centrales en Andorra (Teruel) para abordar la situación del sector minero en la provincia, a la que han asistido alcaldes y presidentes comarcales de la zona, empresarios, sindicalistas y representantes políticos de PSOE, PP, PAR, CHA e IU.

Así lo explicó a Efe la secretaria comarcal de CCOO en Andorra, María Ángeles Manzano, quien aseguró que la decisión de llevar a cabo el encierro se debe a su consideración como lugar "emblemático" de la minería turolense, al depender toda su actividad económica de este sector.

Según la responsable sindical, el encierro lo realizarán cuatro personas, en turnos sucesivos de 48 horas, que se prolongarán hasta que se produzca la entrada en vigor del real decreto.

Los encierros contarán con la participación no sólo de trabajadores y representantes sindicales, sino de la de empresarios y responsables políticos que han expresado su voluntad de tomar parte en la movilización.

A juicio de Manzano, la sociedad turolense "es consciente de que si el decreto no se aprueba y sale adelante en Bruselas la propuesta de un nuevo reglamento que contempla el cierre de la minería deficitaria en octubre de 2014, esto se va a pique".

Aseguró, además, que los trabajadores de las cuencas mineras se sienten "respaldados" por la sociedad turolense en sus reivindicaciones, aunque lamentó que las "presiones" ejercidas desde la Comisión Europea hubiera paralizado la aprobación del real decreto del Gobierno.

Valoró también la iniciativa del Gobierno aragonés de sumarse a las reivindicaciones planteadas desde otros territorios mineros en apoyo del sector del carbón como fuente energética de carácter estratégico.

Para los sindicatos convocantes del encierro, la supresión de las ayudas y la aprobación del reglamento europeo supondría el cierre de las minas de Teruel y la pérdida de mil puestos de trabajo directos y de una cifra similar indirectos.