General Motors ha puesto ya las cartas sobre la mesa para iniciar las negociaciones con los representantes sindicales de la planta zaragozana de Figueruelas, pero todavía se guarda algún as bajo la manga.

La multinacional confirmó ayer el despido de 900 trabajadores y su intención de ampliar el actual Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afecta a 600 personas, con la supresión del turno de noche durante siete meses.

El pleno del comité de empresa decidirá mañana si está dispuesto a negociar con la multinacional del automóvil la salida de los trabajadores afectados por el plan de reestructuración de Opel. Hay varias alternativas: que los empleados abandonen la compañía de la manera tradicional de forma inmediata y con indemnizaciones, o a través de la negociación.

Los directivos de General Motors trasladaron ayer el mensaje de que tienen una propuesta que puede satisfacer la pretensión de los sindicatos de que no haya despidos traumáticos. La compañía ha pedido al comité que responda si hay una mayoría que quiere conocer esa propuesta y negociarla; de lo contrario, planteará una reestructuración tradicional.

Los representantes sindicales confían en que el cupo de despidos se cubra con prejubilaciones o bajas incentivadas. De momento, la multinacional tiene previsto presentar mañana el expediente que afectará a los 900 trabajadores y la ampliación del expediente temporal actualmente en vigor ante la autoridad laboral. La dirección justifica estos ERE por la necesidad de ajustar el volumen de producción actual de la planta al de trabajadores, ya que en los próximos dos o tres años no espera que se pueda superar la producción de 400.000 vehículos al año.

EL APUNTE

Éxito del plan de electrodomésticos

En menos de un mes ya se ha agotado la partida económica que el Gobierno aragonés ha destinado al Plan Renove de Electrodomésticos. Durante estas semanas, los consumidores han adquirido 19.000 aparatos eficientes y de bajo consumo. Los aragoneses han recibido ayudas de entre 50 y 125 euros hasta alcanzar la cantidad prevista por el Ejecutivo autónomo que ascendía a 1,8 millones de euros. El consejero de Industria, Arturo Aliaga, destacó ayer que esta medida "estimula el consumo", "crea empleo" y aumenta "la eficiencia energética de los electrodomésticos", lo que evita la contaminación.