El alcalde de Castalla, el popular José Luis Prats, ha afirmado hoy que la organización local del PP adolece de pluralidad y transparencia, por lo que aspira, según ha expuesto, a un cambio en su presidencia con el fin de "abrir" la formación popular "a toda la ciudadanía".

"Para conseguirlo, es cierto que se ha desarrollado una campaña boca a boca para captar militantes", la cual, según ha agregado, "ha puesto nervioso a cierto sector del PP de Castalla que ve peligrar su hegemonía y control" sobre el partido.

Prats ha trasladado hoy a los medios de comunicación, a través de un escrito, varias consideraciones en relación a la querella presentada contra él por un presunto delito de cohecho al otorgar presuntamente licencias de obra a cambio de filiaciones al partido y otro por apropiación indebida de las cuotas de esas afiliaciones.

La querella fue presentada, según refleja el escrito, "en nombre y representación del Partido Popular Asamblea Local de Castalla", si bien figuran entre los querellantes el presidente local del PP y ex alcalde, Juan Rico Rico, y el vocal de la comisión ejecutiva local Juan Antonio Rico Mira.

A juicio del alcalde, "el nerviosismo" de la dirección local por su voluntad de "abrir el partido" es el que "les ha inducido a usar métodos como la difamación", especialmente al presentar una denuncia "con graves acusaciones y cuyo único fin es desprestigiarme y conseguir un veredicto mediático sobre mi gestión".

Tras rechazar "tajantemente" que la captación de militantes se haya producido bajo promesas o a cambio de licencias o prebendas, Prats considera que "el sector" que controla ahora el PP local utiliza "zancadillas, artimañas y golpes bajos" para "impedir" que en el partido confluyan todas las tendencias democráticas.

En opinión de Prats, quien ha asegurado que aún no tiene constancia de la presentación de la querella, será el juzgado el que determine si acepta o no a trámite dicha querella y, en consecuencia, abra diligencias previas en base a que determine la existencia o no de indicios delictivos.

Prats ha negado las acusaciones de la querella y ha aseverado que su gestión es "totalmente transparente y estrictamente fiel al sistema jurídico de un Estado de derecho".