Un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia ha detectado que los menores están en España insuficientemente protegidos por el sector de la telefonía móvil, algunas de cuyas empresas suelen derivar en los padres la responsabilidad del uso que haga el niño de su terminal.

El estudio del citado equipo universitario, coordinado por la profesora del Departamento de Organización de Empresas María de Miguel, ha analizado los problemas legales y éticos que suponen para las empresas el uso que los menores hacen del teléfono móvil, especialmente los que tienen menos de 14 años.

Según fuentes de la UPV, el estudio-proyecto de investigación "M-Menor: la Protección de Menor de Edad ante los servicios de la Sociedad de la Información por Telefonía Móvil" concluye que los medios tecnológicos actuales no son suficientes para proteger a los menores.

El hecho de que el uso del teléfono móvil por parte de niños y adolescentes no haya parado de crecer en los últimos cinco años implica también un aumento de los riesgos que éstos corren, un aspecto sobre el que desde la Unión Europea se ha ido impulsando la autorregulación del sector como complemento a la legislación que protege a los menores de edad.

El trabajo de los investigadores de la UPV, más que centrarse en el comportamiento de los menores o de sus padres ante este fenómeno, se ha basado en el de las empresas para contrastar su visión del problema con el de las instituciones y asociaciones que intentan proteger al sector infantil en este campo.

Según las mismas fuentes, el estudio señala que la responsabilidad de los padres "se presupone en ocasiones absoluta y, sin embargo, no todas las empresas entienden que también son responsables en la protección de los menores".

En este sentido, el estudio advierte de la necesidad de seguir trabajando en una responsabilidad compartida entre todos los grupos de interés "porque a veces las instituciones tampoco son muy empáticas con las empresas, lo que no soluciona los problemas reales".

Además, se destaca también que los padres no reciben suficiente información sobre las medidas o educación que deben dar a sus hijos en el campo de las tecnologías de la información y del conocimiento (TIC).

Para los investigadores de la UPV, la regulación debe complementarse con la autorregulación de las empresas y con la educación por parte de las instituciones.

En este sentido, recuerdan que las cuatro grandes operadoras han llegado a acuerdos de autorregulación para la protección de los menores de edad a nivel europeo y estatal que deberían extenderse a las recientes operadoras móviles virtuales y a las empresas de servicios móviles.

"Pensamos que en el ámbito de Internet se ha avanzado bastante pero la telefonía móvil parece menos estudiada cuando, sin embargo, hay más menores que poseen un teléfono móvil que acceso a Internet en su hogar; no debemos olvidar que el móvil acompaña a la persona en prácticamente todo momento", advierte De Miguel.