La ausencia de dos testigos ha obligado hoy a aplazar hasta marzo de 2010 el juicio contra tres funcionarios de la cárcel Sevilla-II, para quienes el fiscal pide hasta seis años de cárcel por coaccionar a un preso para que retirara una denuncia anterior por malos tratos y falsear un parte de cacheo.

Este juicio será continuación del celebrado contra un jefe de servicio de la prisión Sevilla-II, que fue juzgado y absuelto en mayo de 2008 de un supuesto trato degradante a dos internos, pues no se demostró que hubiese aplicado una lavativa a uno de ellos y que hubiese desnudado y sometido a humillaciones al segundo.

La vista ha sido aplazada al 15 de marzo de 2010 porque han faltado dos testigos, un funcionario de prisiones y un preso, han informado a Efe fuentes del caso.

El fiscal asegura en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, que el preso que había denunciado el trato degradante fue sorprendido el 2 de abril de 2005 por el ahora acusado, E.F.R., fumando droga en papel de plata en los servicios del Módulo 6.

Dicho funcionario, que había sido citado en el procedimiento por maltrato "y tenía interés directo en su resultado", según el fiscal, "decidió aprovechar esta circunstancia" y "le conminó a retirar la denuncia a cambio de no sancionarle".

La Fiscalía afirma que el funcionario imputado, para lograr su objetivo, propuso al interno firmar un escrito de retractación, que fue remitido al juzgado de instrucción 3 de Sevilla, que tramitaba la primer denuncia por trato degradante.

Por contra, la defensa solicita la absolución y sostiene que el preso denunciante "urdió" un plan destinado a "congraciarse" con los funcionarios y conseguir no ser sancionado por el consumo de droga en los servicios, pena que se uniría a un expediente anterior por llevar droga en el recto.

Según el escrito de defensa, al que ha tenido acceso Efe, el funcionario E.F.R. no rellenó el parte de cacheo porque debía ocuparse de la función que le había encomendado la dirección, que era localizar a otro preso, en la que estaba ocupado cuando descubrió el consumo de droga en los servicios.

El fiscal pide además tres años de cárcel para los funcionarios J.L.M.M. y J.M.M.P., que firmaron un supuesto parte de cacheo falso, pues manifestaron que la droga fue encontrada en el suelo del cuarto de baño, "sin atribuir a nadie su posesión", y que la habían localizado ellos, al objeto de que no apareciera su compañero E.F.R.

Para E.F.R., la Fiscalía pide tres años de cárcel por un delito de obstrucción a la Justicia y otros tres años por falsedad en documento oficial, junto a tres años de inhabilitación como funcionario de prisiones y dos multas de 13.500 euros.

En cuanto al jefe de servicio, ni la Fiscalía ni la acusación particular que ejercieron la Asociación pro Derechos Humanos (APDH) y la asociación de lucha contra la droga Liberación recurrieron su absolución debido a la dificultad de que la Audiencia anulase una sentencia que se basó en la apreciación personal del juez que dio más credibilidad a los testigos de descargo que a los dos presos denunciantes.