El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha propuesto hoy a los sindicatos el paso a funcionarios de unos sesenta trabajadores que son en la actualidad personal laboral indefinido o interino.

La concejala de Personal, Cristina Rodríguez (PSOE), ha explicado que el objetivo del Consistorio es dar estabilidad a la plantilla aplicando la Ley de Función Pública.

La tasa de funcionarios en el Ayuntamiento "es muy baja" ya que tan sólo se incluyen en ella a 208 empleados de los 1.300 existentes entre el Consistorio y en las empresas municipales.

Rodríguez ha manifestado que se ha remitido a los sindicatos el listado de laborales indefinidos e interinos pero que se trata de un borrador sujeto a modificaciones.

Según la concejala, se abrirá una convocatoria pública para cubrir esas plazas, si bien el proceso también se negociará con los representantes de los trabajadores, por lo que ha pedido al sindicato CSI-CSIF que acuda a las reuniones de la mesa de negociación que se están manteniendo.

Por su parte, el CSI-CSIF, sindicato mayoritario entre los funcionarios, se pregunta por qué el Ayuntamiento propone ahora esta medida, "por qué se aplica a sesenta trabajadores", cuando hay más de doscientos laborales y por qué se incluye en esta medida a una empleada que pasó a indefinida por un presunto fraude de ley.

El sindicato se refiere a la hija del coordinador local de IU y ex alcalde comunista, Antonio Murcia, que pasó a integrar la nómina municipal, "según fuentes municipales, con un contrato temporal de seis meses, reconvertido en contrato indefinido por aplicación sospechosa de la figura del Fraude de Ley cuando Francisco Zamorano era concejal de Hacienda y Personal".

Desde el sindicato, además, preguntan por qué se continúa manteniendo la figura del coordinador del área de Personal, a pesar de que por mandato plenario la plaza de funcionario eventual que el actual coordinador ocupa "fue amortizada".

A este respecto, la concejala de Personal ha indicado que existe un informe de la Secretaría Municipal en el que se asegura que la amortización de la plaza no es legal, ya que el cese de este funcionario eventual debe realizarlo directamente el alcalde, David Valadez (PSOE).