La Comunidad y la Cámara de Comercio e Industria de Madrid (COCIM) han suscrito un acuerdo para suprimir la mitad de los trámites administrativos de las empresas con la Comunidad y reducir los plazos de la normativa actual.
Esta iniciativa ha quedado plasmada en el convenio que frimaron el pasado 15 de marzo el vicepresidente regional, Ignacio González, y el presidente de COCIM, Salvador Santos Campano, que afectará a más de 150 modelos de procedimiento que las empresas de industria, comercio o turismo, entre otras.
Estas empresas deben cumplimentar esos modelos de procedimiento en el desarrollo de su actividad, que representan hasta 300.000 solicitudes, con un impacto económico estimado de 1.900 millones de euros anuales.
El objetivo del convenio es abrir una línea estable de colaboración entre la Comunidad y la Cámara de Comercio que permita desarrollar actividades y proyectos de interés para ambas instituciones.
Se trata de simplificar y reducir los procedimientos administrativos, los trámites y las obligaciones burocráticas para facilitar la necesaria relación que tiene que haber entre los empresarios y la Administración.
De este modo, Comunidad y Cámara de Comercio colaborarán para reducir los costes administrativos, mejorar la competitividad de las empresas y estimular su desarrollo.
El alcance de esta colaboración se basa en tres líneas fundamentales: el estudio de la normativa reguladora y de los trámites administrativos que deben realizar las empresas; la realización de jornadas con empresarios y asociaciones relevantes para recoger sus propuestas y opiniones y estudios que recojan las conclusiones para la mejora de los procedimientos y el ahorro de tiempo y dinero a las empresas.
Los resultados de un proyecto piloto de reducción de cargas que ha finalizado recientemente han permitido evaluar las cargas administrativas de dos procedimientos: uno de instalaciones eléctricas, donde las empresas madrileñas presentan cerca de 1.700 solicitudes anuales y otro de instalaciones contra incendios, con casi 2.800 solicitudes.
En ambos casos se comprobó que los procedimientos presentaban una tramitación mejorable y que era posible suprimir o simplificar más de la mitad sus trámites y reducir notablemente los plazos existentes, con un ahorro de 120 millones de euros anuales.
Además se analizarán más de 150 procedimientos de industria, comercio o turismo, entre otras actividades, que se tramitan en más de 300.000 solicitudes anuales.
La regulación y la reducción de las cargas administrativas que tienen que soportar las empresas supone un impacto económico global de 1.900 millones de euros anuales.
Las medidas de simplificación administrativa, reducción de cargas y liberalización de la actividad económica del Gobierno regional pretenden poner a disposición de las empresas localizadas en la Comunidad las herramientas para desarrollar su actividad de manera competitiva y generar más empleo y riqueza.
