La ley con la que el Gobierno pretende solventar los asentamientos y la degradación en la Cañada Real Galiana irá intacta a la Asamblea.
El Ejecutivo regional usó el respaldo del Consejo Económico y Social para mantener su visión y no contemplar las demandas de los Ayuntamientos afectados (Madrid, Rivas -Vaciamadrid y Coslada) sobre cuánto tiempo esperará la Comunidad antes de poder vender, ceder o permutar las tierras que se conviertan en patrimonio autonómico.
El texto habla de dos años y los consistorios lo consideran "inaceptable". Quieren que el problema social esté obligatoriamente resuelto antes de esos cambios en los dueños del terreno. "No poner plazo es casi garantizar que el problema se eternice", dijo ayer el vicepresidente Ignacio González.
La participación de los Ayuntamientos es crucial, ya que son los capacitados para decidir a qué se puede dedicar el suelo en sus municipios, no importa quién los posea. Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente expresó que "es posible llegar a un acuerdo en las discusiones parlamentarias".
Traslado de la ilegalidad
Mientras, ayer Ecologistas en Acción advirtió que limitar la solución legal de la Cañada a "recalificar terrenos y convertirlos de públicos en privados no sirve para solventar el problema, sino para dar alas a los que se asentaron ilegalmente". También creen que las actividades ilícitas "simplemente se marcharán a otras zonas de la senda".
POSICIONES ENFRENTADAS
«Esperamos que una enmienda devuelva el texto al consenso anterior»
Francisco Masa
Alcalde de Rivas-Vaciamadrid
«Un plazo incita a las administraciones a que hagan un trabajo efectivo»
Ignacio González
Vicepresidente Regional
