Ya ha empezado. El proceso para legalizar la Cañada Real Galiana comenzó ayer con un acuerdo entre la Delegación de Gobierno, la Comunidad y los Ayuntamientos de Rivas, Coslada y Madrid para desafectar el tramo de la Cañada que discurre por estos municipios.

La medida, propuesta por Esperanza Aguirre el pasado 13 de abril, supone suprimir la categoría de vía agropecuaria de la senda y su carácter de dominio público. Se ha aprobado que los terrenos pasen a tener la condición de bien patrimonial de la Comunidad.

Una de las posibilidades es que el terreno se convierta ahora en urbanizable y abrir las puertas a una legalización masiva del asentamiento. El cambio, en cualquier caso, llevará tiempo. La delegada de Urbanismo del Ayuntamiento, Pilar Martínez, definió el proceso de "largo y complejo".

Las posibilidades que se plantean ahora para las cerca de 50.000 personas que viven allí son varias. El Gobierno regional puede ceder los terrenos a los Ayuntamientos, enajenarlos, permutarlos "o realizar cualquier negocio jurídico sobre ellos", señaló González. "Antes habrá una ordenación urbanística de todo el ámbito de la Cañada, y se deberá alcanzar un acuerdo social previo a la enajenación, permuta o cesión que se haga sobre ese bien patrimonial", precisó la delegada.

El anteproyecto de Ley para la Cañada, ya elaborado, cuenta con cinco artículos, tres disposiciones adicionales y tres transitorias y en ella se establece que la Comunidad de Madrid podrá vender, enajenar o realizar cualquier negocio jurídico. "Cada municipio debe hacer su propia ordenación de acuerdo a sus circunstancias y dar una respuesta individual a cada situación que vive en la Cañada", apostilló González.

La urbanización de la senda supone un desafío para dotarla de servicios como agua corriente, alcantarillado, electricidad o teléfono. Hasta ahora, sus habitantes han venido subsistiendo con enganches ilegales ala red.

Pero tal vez el mayor reto de todos sea el de desmantelar el hipermercado de la droga establecido en Valdemingómez, la parte de la Cañada que va hacia la incineradora. Allí se concentra un enjambre de 100 puntos de venta de droga.

EL APUNTE

Un consenso al límite del plazo de Aguirre

Fue la propia Esperanza Aguirre la que, en marzo pasado, puso un plazo para hallar una solución a la situación de la Cañada: el fin del periodo de sesiones, este mes. El acuerdo llegó tras una larga reunión en la que se aprobó aceptar las enmiendas de los municipios implicados.