Con el Guateque salió a la luz el escándalo: una presunta trama de concesión de licencias municipales a cambio de prebendas, favorecida por la maraña administrativa y el sinfín de trámites burocráticos al abrir un local en Madrid. Este descontrol ha llevado al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, a externalizar parcialmente el servicio de concesión de licencias de actividad comercial, según anunció ayer.

El 60 % de las licencias se obtendrán con sólo una comunicación al consistorio cuando entre en vigor la nueva Ordenanza de Gestión y Control de las Licencias Urbanísticas de Actividades. El resto de los permisos serán tramitados por empresas privadas autorizadas, con supervisión municipal.

El delegado de Hacienda en el Ayuntamiento, Juan Bravo, señaló ayer que la ordenanza no supone una "privatización" sino una "externalización parcial" del servicio. Empresas de control urbanístico controlarán que los proyectos de locales se adecuen a la legislación vigente a cambio de un precio, cuyo máximo fijará el Ayuntamiento.

Críticas a la gestión

La apuesta por la gestión privada de la concesión de licencias tiene la oposición de tres colegios profesionales: el de Arquitectos (COAM), el de Ingenieros Industriales y el de Telecomunicaciones. El COAM, que impulsó una propuesta para agilizar el proceso de concesión de licencias rechazada por el consistorio, se presentará para ser una de las empresas certificantes.