La justicia gratuita tiene un precio: 24 millones de euros. Es la cantidad que la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior debe a los abogados del Turno de Oficio de Madrid desde el segundo trimestre de 2008, que ayer celebraron una asamblea. Resultado: si no consiguen acuerdos con el departamento de Francisco Granados en un mes y cobran su deuda, renunciarán a todas sus guardias (penales, extranjería y asistencia a detenidos) en marzo y abril.

También aprobaron promover una moción de censura contra la junta del Colegio de Abogados, al que acusan de no reclamar ala Comunidad el dinero debido. Más adelante estudiarán si van a la huelga.

La asamblea de ayer, celebrada en los juzgados de plaza de Castilla, congregó a unos 300 letrados de ALA, APAEM y ALTODO, las asociaciones que agrupan a los 4.500 abogados del Turno de Oficio en la región. Si todos ellos se negasen a trabajar, los detenidos sin recursos quedarían en libertad y no se podría expulsar a los inmigrantes ilegales.

Un portavoz de la Consejería de Justicia explicó que la Comunidad liberó ayer 30 millones de euros de sus presupuestos de 2009 para pagar en este trimestre los honorarios adeudados.

"Este dinero agota el presupuesto de este año y en abril ya no habrá un duro", explicó a ADN el presidente de ALTO-DO, Santiago Luengo. Justicia asegura que, si es necesario, "se habilitará otra partida en junio", pero recuerda que la Comunidad paga a90 días. El Colegio de Abogados declinó hacer valoraciones públicas.

CONTRA LA PRIVATIZACIÓN

Los abogados de oficio de Madrid decidieron ayer recurrir ante los tribunales dos situaciones que, en su opinión, dificultan la asistencia jurídica gratuita a los extranjeros. Uno irá contra un acuerdo de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita -formada por la Comunidad y el Colegio de Abogados- porque creen que, cuando a mediados de febrero entre en vigor, obligará al sin papeles a aportar documentos a los que no tiene acceso y a pagar su defensa. También recurrirán el anteproyecto de Ley de Extranjería, porque suponen que el endurecimiento de las condiciones anulan la tutela judicial efectiva.