El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, alega en la denuncia presentada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de la capital ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que su seguimiento lo encargó y pagó, "con intenciones que no se pueden comprender", la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid.

En la denuncia que el número dos del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón remitió con fecha 21 de enero al tribunal, el vicealcalde informa sobre los hechos publicados por el diario El País sobre que ex agentes a sueldo de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid siguieron al edil durante varias jornadas del mes de abril, informa Europa Press.

El escrito indica que "de la información publicada se desprende tanto una intromisión ilegítima en la intimidad y propia imagen" de Cobo, "al montar un dispositivo de seguimiento con el fin de descubrir contactos y encuentros privados que pudieran dar información utilizable por la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, como el encargo directo a asesores contratados por la misma, pagados, por tanto, con fondos públicos [...] con intenciones que no se alcanzan a comprender al exceder el ámbito competencial de tal Administración Pública".

El concejal solicita que la Fiscalía practique diligencias para "comprobar los hechos y la posible responsabilidad que de ellos pudiera derivarse". Cobo incluyó en su denuncia un ejemplar de la edición del miércoles de El País, donde se da cuenta de los seguimientos. Posteriores artículos del periodista Francisco Mercado incluyeron en la lista de víctimas de la supuesta red al ex consejero Alfredo Prada. El redactor está citado a declarar este mismo viernes sobre el tema.

"No tiene autoridad moral"

El secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, adelantó que su formación "se personará como acusación popular" en el proceso abierto "para depurar las responsabilidad jurídicas que puedan derivarse de esta presunta trama de corrupción", explicó el líder socialista.

Gómez considera que Granados "no tiene autoridad moral para dirigir una Consejería, está desligitimado y no debe continuar en el Gobierno de la Comunidad de Madrid", explicó al ser preguntado por los periodistas sobre si el consejero debería dimitir o ser cesado.